El Gobierno ve indicios de inconstitucionalidad en el urbanismo a la carta de Bauzá

El BOIB de ayer, 12 de junio, publicó un acuerdo de la Comisión Bilateral que dice textualmente:
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado –Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en la reunión del día 9 de mayo de 2012, adoptó el Acuerdo siguiente:
1. Iniciar las negociaciones para resolver las discrepancias en relación con el artículo 10, las disposiciones adicionales tercera y cuarta y la disposición transitoria segunda del Decreto ley de las Islas Baleares 2/2012, de 17 de febrero, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible.
2. Designar un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que sea procedente.
3. Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos que prevé el artículo 33.2 de la Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y también insertarlo en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de las Islas Baleares

Para el GOB esto se traduce en:
El Gobierno “discrepa” de los artículos de la Ley Company de ordenación urbanística “sostenible” que hacen referencia a:

1.las reservas de suelo público para viviendas de protección oficial, que la ley Company en algunos casos exhonera en base a criterios totalmente arbitrarios e indefinidos
2.las modificaciones de la Ley 11/2006 de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Islas Baleares que implican la exención de evaluación de impacto ambiental o evaluaciones ambientales estratégicas cuando transcurran los plazos sin que el órgano ambiental haya hecho informe
3.al requisito de garantizar la disponibilidad de agua potable, en cantidad y calidad, y suficiencia de la capacidad de la red de saneamiento y depuración, en relación con la población prevista a las actuaciones de urbanización

Por todo ello el GOB denuncia la soberbia de Company y Bauzà

Los Gobiernos estatal y autonómico, establecen a principios del mes de mayo un grupo de trabajo para evitar la interposición por parte del Gobierno central de un recurso de incostitucionalitat contra la Ley Company.

Aún así, y cómo si no pasara nada, el Pleno del Parlamento, y usando la mayoría absoluta del PP, aprueba el 29 de mayo la Ley para la ordenación urbanística “sostenible” de Company sin modificar ni una coma de los artículos cuestionados por el Gobierno para el GOB en un acto más de soberbia de el conseller y del Govern Bauzà.

Deja un comentario / Mallorca Confidencial no se hace responsable de los comentarios vertidos en su web.