Greenpeace denuncia una nueva burbuja inmobiliaria en Baleares

Greenpeace ha presentado en rueda de prensa la duodécima edición del informe Destrucción a toda costa 2012 en el que a través de varios ejemplos hace un análisis económico y ambiental de la actual gestión costera, y de las consecuencias de la inminente reforma de la Ley de Costas. La organización ecologista ha comprobado cómo la mala gestión costera (con actuaciones como regeneración de playas, dragados, espigones y reconstrucción de paseos marítimos) supone un derroche de dinero público constante de 100 millones de euros anuales en todo el Estado que suponen “parches” en lugar de hacer una política de gestión integral.

Dos nuevas normas, suponen una huída hacia delante, en un modelo urbanístico obsoleto. La Ley de Regulación urbanística abre la puerta a revitalizar urbanizaciones paralizadas como en Cala Blanca, Cala Carbó o Es Guix en Mallorca. Esta Ley permite que los ayuntamientos desclasifiquen suelo rural y se exonera a los municipios a adaptar su plan municipal a normas de rango superior. A esta norma, se le suma la propuesta de Ley de Turismo, de forma que se subordina el territorio a intereses mercantilistas y se abandona cualquier idea de turismo sostenible.

Además, la política actual de costas no está teniendo en cuenta la mayor amenaza a la que nos enfrentamos: el cambio climático, una inaceptable falta de visión de futuro que supondrá para las islas Baleares asumir un coste de 282 millones de euros de aquí a 2100 debido a la intensificación de los temporales y las sequías, así como la subida del nivel del mar. El tercer presupuesto más elevado de todo el Estado, después de Galicia y las Islas Canarias.

Al futuro derroche de dinero en Baleares, hay que añadir el dinero que el Estado se gasta en los más de 8.000 km de costa española cada año, 100 millones de euros como media, que se emplean en “parches” para regenerar playas, instalar espigones, dragados o reconstrucción de paseos marítimos a causa de una mala gestión de la costa. Si se realiza la misma estimación de aquí a 2100 significara la inyección de 8.800 millones de euros.

Esta nueva edición del informe Destrucción a toda costa cuenta con el testimonio de veinte personas que viven en las diez comunidades autónomas del litoral, dos de ellas en Baleares. Todas ellas muestran cómo se puede vivir gracias a una costa bien conservada y por otro lado, cómo afecta convivir con un litoral destruido, contaminado o perdido para siempre. Con sus retratos y sus palabras Greenpeace se acerca a los efectos que las actividades humanas tienen en el equilibrio natural que conforma nuestra costa y en sus habitantes.

Una de las principales conclusiones del análisis es que, por lo general, al ejecutarse obras en la costa no se contempla el impacto económico añadido de la pérdida del capital natural. En las Islas Baleares las magnitudes económicas expresadas por la contabilidad tradicional – valor añadido bruto, renta per cápita, etc- no reflejan ese deterioro del capital natural que ha acompañado al desarrollo económico.

Proyectos como los de S’Arenal de Sa Ràpita-Es Trenc (Campos, Mallorca), donde se proyecta un macrohotel de 1.200 plazas y un campo de golf, suponen el disparatado resurgir del ladrillo. El principal perjudicado de esta política es el turismo, con un modelo con exceso de alojamientos, carga ambiental y menores ingresos. De entre 115 destinos turísticos mundiales las islas Baleares aparecen en los últimos puestos en valoración de excelencia. Ibiza ha sido clasificada como el destino, entre 111 de todo el mundo, que soporta un impacto turístico más negativo. La presión de más de dos millones de turistas anuales es enorme para esta pequeña isla, con apenas 100.000 habitantes.

“Si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy ha afirmado que lo que no sea sostenible medioambientalmente, no será útil económicamente, qué mejor ejemplo puede darnos que invertir en conservar y en hacer una gestión sostenible del litoral, y con ello, de toda la economía asociada, como el turismo, la pesca o la agricultura”, ha declarado Mario Rodríguez, Director Ejecutivo de Greenpeace España. “España no podrá salir de la crisis si continúa su huída hacia delante, apostando por el ladrillo y reformando la Ley de Costas, es un suicidio económico ”, concluye Rodríguez.

Greenpeace denuncia que la ausencia de un plan de gestión integrada del litoral provoca que España deje de ganar 7.745 millones de euros cada año en beneficios ambientales de la costa, ya que por ejemplo el valor productivo de las reservas marinas del Estado se estima en 500 millones de euros al año. Por ejemplo, una hectárea de posidonia en 2012 proporcionará 14.500 euros de beneficios, en forma de playas de arenas blancas, aguas transparentes o pesca. Las dunas y playas de Mallorca ocupan 1.917 hectáreas y ofrecen beneficios ambientales por hectárea y año por un valor de 83.317 euros. De hecho, para toda la isla de Mallorca se ha estimado que los ecosistemas costeros prestan un servicio de 1.431 millones de euros.

Una de las soluciones que propone Greenpeace para revertir las pérdidas, e incluso obtener mayores beneficios, es realizar una inversión estimada en 5.000 millones de euros en la recuperación del litoral (el 3% de lo que generamos cada año sólo en turismo costero) vinculando el turismo a la sostenibilidad. Con esta cantidad se respetaría y aumentaría el dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres de protección (esto implica el derribo de construcciones ilegales), se restaurarían zonas de alto valor ambiental y económico (marismas, espacios naturales protegidos de la costa, dunas, acantilados, humedales, etc.) y se comprarían terrenos costeros para su protección. Con esta inversión se socializarían los beneficios y se privatizarían los gastos, justo lo contrario de lo que pasa actualmente.

En 2020 se podrían obtener 18.600 millones de euros de beneficio turístico, añadido al actual en todo el Estado, recuperando la integridad física del litoral, eliminando irregularidades e ilegalidades, buscando alternativas a industrias y viviendas en primera línea de mar, y recuperando las características de los ecosistemas costeros.

Greenpeace reclama en el informe una profunda reflexión en torno a cuál debe ser el modelo de futuro en nuestra costa. Sin embargo, el planteamiento del actual Gobierno en la próxima reforma de la Ley de Costas parece obedecer a un anhelo de contentar a aquellos que permitieron determinadas barbaridades en el litoral con reformas “a la carta” de la Ley de Costas. En la nueva reforma se debe desarrollar una Estrategia de Gestión Integrada de la Costa, en concordancia con las políticas internacionales. Es necesario abordar un sistema impositivo, o fiscalidad ambiental para las actividades que más destruyen el litoral o la imposición de una ecotasa para la industria turística. La ecotasa en Baleares puede frenar el crecimiento de la oferta turística, ante las consecuencias de la masificación. Esta tasa debe ser finalista y revertir en la mejora del medio natural.

“Nos tememos que el nuevo texto de la Ley de Costas significará un retroceso en la conservación del litoral”, ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace. “Cada vez que se anuncia la reforma de la Ley de Costas, que se amnistían ilegalidades, que se emplea dinero público para regenerar playas y, en general, para parches temporales, se está tirando, literalmente, nuestro dinero al mar“.

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