jueves. 28.03.2024

La Xarxa per a la Inclusió Social, EAPN Illes Balears es una entidad no lucrativa formada por más de 25 entidades sociales de las Islas Baleares que tiene como misión combatir la pobreza y la exclusión social en nuestro entorno. El informe presentado hoy muestra un contexto general de los presupuestos de las administraciones públicas en tiempos de crisis, se hace un análisis de los presupuestos sociales de las principales administraciones de las Islas Baleares; identifican las reducciones presupuestarias significativas de política social y se valora su impacto sobre las políticas sociales y de atención a personas en situación de vulnerabilidad.

El informe muestra que el contexto general de los presupuestos de las administraciones públicas en tiempos de crisis presenta la paradoja de que la reducción de los presupuestos de bienestar social debido a las medidas de austeridad coincida con un incremento del riesgo de pobreza y de exclusión y con un deterioro de las condiciones sociales. Estas reducciones, como las contempladas en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 y en los recortes en Sanidad y Educación, son presentadas como una necesidad inevitable para reducir los elevados déficits públicos.

En las Islas Baleares, el análisis de los presupuestos sociales de las principales administraciones pone de manifiesto que en un contexto de reducción de los presupuestos no financieros de nuestras instituciones, globalmente las partidas destinadas a protección social se mantienen. Pero este mantenimiento de los presupuestos sociales es insuficiente en un contexto de incremento de las necesidades y demandas, y de déficit histórico de inversiones en servicios sociales en las Islas Baleares en relación a la media del conjunto del Estado y de la Unión Europea .

Hay incrementos notables en partidas destinadas al desarrollo de la Ley de dependencia debido al incremento de la financiación estatal para la puesta en marcha de residencias y equipamientos asistenciales para personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia.

Se congelan programas de ayudas directas a personas en situación de vulnerabilidad, como la Renta Mínima de Inserción del Consell de Mallorca y las ayudas económicas urgentes del Ayuntamiento de Palma.

También se detectan reducciones presupuestarias significativas en otras partidas, muchas de las cuales son programas de atención directa gestionados por entidades no lucrativas del Tercer Sector Social, ayudas directas a personas en situación de vulnerabilidad y contratos de servicios.

En total se han identificado reducciones por un total de 14.373.441 €, de los cuales 6.003.778 € corresponden al Govern, 3.498.003 € al Consell de Mallorca y 4.871.660 € al Ayuntamiento de Palma.

En el caso del Govern el informe ha identificando las reducciones de política social:

· La suspensión durante 18 meses de derechos reconocidos en la Cartera de Servicios Sociales.

· Las dotaciones para transferencias de la prestación de Renta Mínima de Inserción y para ayudas de emergencia a corporaciones locales quedan por debajo de los gastos ejecutados en 2011.

· Se reducen subvenciones a entidades no lucrativas para proyectos sociales y para los programas socioeducativos PISE y CAPI.

· Se reduce la construcción de centros de día.

· Se suprimen las transferencias del SOIB a ayuntamientos para contratación de personas desempleadas en proyectos de interés general.

· Se reducen las becas para libros de texto, comedores y transporte escolar.

En cuanto al Consell de Mallorca, se ha detectado:

· Las reducciones de presupuestos sociales más significativas afectan al programa de igualdad de oportunidades, a las transferencias al Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación, a las transferencias a ayuntamientos para la red de servicios sociales ya la licitación de servicios de formación para personas beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción (RMI).

· Se eliminan subvenciones a entidades no lucrativas para proyectos de servicios sociales.

· Se congela la partida destinada a la prestación de RMI.

Finalmente, en el caso del Ayuntamiento de Palma se ha puesto de relieve lo siguiente:

· Se reducen las subvenciones solidarias y de cooperación, para el proyecto de inserción de personas con discapacidad Palma siglo XXI, para actuaciones de entidades de interés social y para adquisición de libros de texto.

· Se congelan las ayudas de emergencia.

· La licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio no dispone de presupuesto suficiente para absorber las listas de espera existentes.

· Se reducen de forma notable los servicios ligados a la actividad de los centros culturales y el programa de intervención familiar en situación de riesgo.

Las reducciones de partidas presupuestarias de política social identificadas afectan a los diferentes colectivos en situación de vulnerabilidad: menores y jóvenes, mayores, personas con discapacidad, inmigrantes, mujeres, personas en riesgo de exclusión social ..., así como un amplio abanico de programas y servicios, la disponibilidad de los cuales se ve afectada.

Debido a las reducciones de partidas de presupuestos sociales y de la consiguiente reducción de ayudas, programas y servicios, desde la Xarxa per a la Inclusió Social creen aue habrá un incremento de personas en situación de vulnerabilidad y más situaciones de vulnerabilidad en las personas en riesgo de exclusión social.

Se pone de manifiesto así que si no se refuerzan los mecanismos de protección social existe el riesgo de pérdida de cohesión social o crack social, con un incremento de las desigualdades sociales.

Por este motivo, la Xarxa per a la Inclusió Social, EAPN Illes Balears reclama como ejercicio de responsabilidad a todas las administraciones dotaciones presupuestarias para políticas sociales que estén a la altura de los retos actuales, y se compromete a dar continuidad a la tarea de análisis y valoración de los presupuestos sociales de nuestras instituciones, prestando especial atención a su ejecución, a fin de cumplir con su misión en favor de los colectivos en situación de vulnerabilidad.

Las Administraciones han disminuido en 14.373.441 euros las partidas sociales cuando...