El Parlament aprueba la Ley de Turismo y la de la Función Pública

El Parlament ha aprobado hoy durante la celebración del pleno extraordinario, el Dictamen de la Comisión de Turismo del Proyecto de Ley de Turismo de las Illes Balears, con los votos en contra de la oposición. La portavoz de Turismo en el Parlament Lourdes Bosch, ha abierto el debate y ha constatado, que el proyecto de Ley, ha tenido como objetivo principal “la voluntad de este Govern, de llegar al máximo consenso en una ley tan importante para las Illes Balears”, aprobando de esta manera un total de 65 enmiendas de las presentadas por los diferentes grupos políticos, un 65% correspondientes al PSM y 35% al PSOE.

La popular ha destacado que “estamos de enhorabuena porque a partir de ahora contamos con unas herramientas que servirán para devolver a nuestra industria la competitividad perdida a lo largo de estos años, además de impulsar la calidad del turismo mediante planes de modernización y de rehabilitación”.

Desde una previsión realista, Bosch ha destacado lo que podría suponer la aprobación de esta Ley en el primer año, y que prevé una inversión de 87 millones de euros correspondientes a 52 proyectos de inversión, 2.000 puestos de trabajo, 355 de los cuales referidos a nuevos trabajos en el sector de la hostelería y 1.560 relativos al sector de la construcción. Además de 150 puestos de trabajo indirectos e inducidos. En este sentido, la popular ha manifestado que “1.128 puestos de trabajo se alargarían en dos o tres meses, producto de la desestacionalización”.

Bosch, ha continuado su discurso afirmando que “vamos por el camino correcto”, y que “desde el principio este Gobierno se ha mostrado ejecutivo, como es el ejemplo de regularización de 2.000 plazas hoteleras frente a las 600 que se regularon en la pasada legislatura”.

Frente la consciencia de que durante muchos años la administración no tendrá posibilidades de inyectar dinero para comprar edificios ni derrumbarlos, “esta ley permitirá reconvertir tanto hoteles obsoletos así como las zonas dónde están ubicados estos hoteles”, ha aseverado la popular.

Bosch, ha pedido a la oposición, que “hagan una oposición responsable”, y que no les exijan que la fijación de un plazo para hacer efectivas las competencias, puesto que “con la que está cayendo, es un lujo que no nos podemos permitir”. La popular, ha remarcado que ahora mismo no son tiempos para transferir competencias.

Ley de Función Pública

El Parlament también ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de modificación de la ley 3/2007 de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears. En este sentido, el diputado Fernando Rubio ha defendido los motivos por los que el GPP defiende este proyecto de Ley y ha empezado su intervención diciendo que su Grupo Parlamentario no apoyará que este proyecto se remita al Consell Consultiu, como solicita la oposición, puesto que “consideramos que queda más que acreditada su constitucionalidad así como su legalidad”.

Rubio ha manifestado que “son los tribunales los que han dejado bien claro esta delimitación conceptual y han prohibido de manera explícita el concepto de lengua preferente que tanto defienden ustedes”.

Frente a las diversas acusaciones que hace la oposición en relación a la atención al público, Rubio, ha dejado claro que “los funcionarios que trabajen de cara al público tendrán que acreditar el conocimiento de la lengua catalana”, y de esta manera se garantizará el derecho de las personas a ser atendidos en la lengua que prefieran, porque se deberá acreditar dicho certificado.

El parlamentario ha manifestado que “todos deberíamos entender que no se puede modificar una ley y permitir que artículos de otras normas regulen justo lo contrario”, puesto que “esto sí que produciría inseguridad jurídica como predica la oposición”. “Nosotros creemos que con esta modificación de la ley, aportamos normalidad y equilibrio a las dos lenguas oficiales”

El popular, ha citado en varias ocasiones artículos literales de la antigua ley, junto con la nueva redacción del texto, en la que ha remarcado que prácticamente sólo se añade, la lengua castellana, dónde antes únicamente aparecía el catalán. “¿Por qué?, para dar cumplimiento al mandato constitucional de uso normal y equilibrado de las dos lenguas cooficiales”.

“El GPP entiende que el contenido de este Proyecto de Ley, se ajusta perfectamente a la doctrina del Tribunal Constitucional, garantizando el derecho de opción lingüística a los ciudadanos”, además de “ajustarse también a lo que dispone el Estatuto de Autonomía respecto a la lengua catalana, ha afirmado Rubio.

Rubio, ha constatado que además de haber razonado jurídicamente su apoyo a esta ley, también se da cumplimiento al electoral del PP, en el que se mencionaba que “queremos tener a los mejores profesionales, y para el acceso a la administración, a excepción de casos concretos, el catalán no será un requisito, sino que se valorará como mérito”.

El popular ha reprochado a la oposición que se limiten a presentar enmiendas de supresión, sin aportar nada al respecto, en este sentido, las ha pedido, “se lo deberían replantear, puesto que están en un posicionamiento demasiado radical”.

Para poder asegurar la correcta satisfacción de los derechos lingüísticos que se reconocen a los ciudadanos en el ámbito territorial de les Illes Balears, Rubio, ha apuntado que “pensamos que la acreditación del conocimiento de nuestra lengua debe ser incentivada y no impuesta”, recordando la Sentencia del Tribunal Supremo del 8 de marzo de 1999.

Para acabar su intervención, el popular, ha considerado de ilógico, el que el título de catalán puntúe más que cualquier otro título académico para poder acceder a la administración. Asimismo, ha manifestado que “aquel trabajador que viene a nuestras islas a trabajar por su calificación específica, tiene derecho a ello a pesar de que no conozca nuestra lengua”.

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