El senador socialista por Mallorca, Antoni Manchado, mostró su satisfacción esta tarde en el Senado por el apoyo de toda la Cámara Alta a una enmienda transaccional a la Ley General de la Comunicación Audiovisual, impulsada por el PSOE, y referida a la protección de los menores respecto al contenido audiovisual de las televisiones.
En este sentido, todos los grupos votaron a favor de la citada propuesta que establece la prohibición de la emisión de contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores y, en particular, de aquellos programas que incluyan escenas de pornografía, maltrato, violencia de género o violencia gratuita.
Durante el debate de la ley, que fue finalmente aprobada, Manchado explicó las 13 enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. El parlamentario del PSOE subrayó que la citada ley tiene por objeto la privatización de determinadas televisiones autonómicas y explicó que el proyecto legislativo del Partido Popular se asienta en dos principios: en que lo público es menos eficiente que lo privado y en que cualquier liberalización abarata los servicios. El senador mallorquín aseguró que ambos razonamientos son, como mínimo, cuestionables y afirmó que lo que garantiza la eficiencia es la buena gestión y no el carácter de la misma.
A continuación, defendió el modelo de televisión como servicio público y destacó que “esta es una reforma estéril y sólo va a servir al colectivo que va a ganar dinero con la privatización de las televisiones y a aquellos ciudadanos que puedan pagar ese servicio”. También puntualizó que el PP “recorta libertades en nombre de la crisis” y agregó que la decisión de privatizar las televisiones compromete la libertad del futuro porque si se venden no se volverán a recuperar.
En lo referido al contenido de las enmiendas socialistas resaltó la necesidad de aplicar un principio de austeridad y pasó a detallar las principales propuestas de modificación de su grupo. Unas enmiendas dirigidas a garantizar que se mantenga por lo menos un canal de titularidad pública en cada Comunidad Autónoma, que la austeridad que se predica sea compatible con la transparencia y con la posibilidad de controlar los fondos públicos que se dedican a este tipo de actuaciones y que se siga defendiendo la independencia y el pluralismo informativo.
