El TSJIB exige al Govern que justifique todos los despidos realizados en las empresas públicas

El Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) ha reclamado al Ejecutivo que le entregue en el plazo de 20 días todos los expedientes de los despidos que se han realizado en las empresas públicas de la Comunidad Autónoma, que afectan a cerca de 1.000 trabajadores.

El alto tribunal ha tomado esta decisión tras admitir a trámite una demanda de UGT contra el acuerdo del Consell de Govern de 13 de abril de 2012 con el que se autorizaban los despidos en las empresa públicas de Baleares.

La primera demanda de estas características tomada en consideración por los tribunales en España se fundamenta en que la política de despidos “masivos” que está ejecutando el Govern balear “vulnera el derecho fundamental a la negociación colectiva” y se está realizando de forma “arbitraria sin aplicar criterios objetivos ni transparentes”.

En este sentido, la FSP-UGT considera que si se demuestra que la Administración ha vulnerado la ley los despidos deberían considerarse “nulos” y se tendrían que “depurar responsabilidades políticas”.

De hecho, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT), Miguel Ángel Romero, ha explicado en rueda de prensa que estudiarán enviar a la Fiscalía los expedientes de los despidos tras realizar un análisis jurídico.

Ha añadido que el Ejecutivo autonómico está llevando a cabo los despidos “empresa por empresa, de manera individualizada y rayando los mínimos legales para evitar que se traten como despidos colectivos”.

Romero ha subrayado que esta manera de actuar del Govern de Bauzá tiene el objetivo de no pasar por la negociación de un Expediente de Regulación de Empleo con el que se tendrían que justificar los criterios de despido y la planificación de un plan social.

Para la FSP-UGT, la restructuración de las empresas públicas de Baleares se debe realizar a través de un Plan de Ordenación de Recursos Humanos tal y como establece el Estatuto Básico del Empleado Público.

Además, desde la organización sindical han reclamado que se inicie una investigación para esclarecer si es cierto, como defiende el Govern, que algunas de las contrataciones realizadas por las empresas públicas no atendieron a los requisitos legales de igualdad, mérito y capacidad.

Por su parte, el responsable de UGT de empresas públicas, Jordi Rivas, ha recordado que el gabinete de Bauzá ha contabilizado 800 despidos de un total de 3.100 trabajadores pero, ha asegurado, que los afectados podrían acercarse a los 1.000 trabajadores.

Rivas ha denunciado una “estrategia urdida entre la Abogacía de la Comunidad Autónoma y la Oficina de Control Presupuestario del Govern para desprestigiar a los trabajadores que iban a ser despedidos poniendo en duda su forma de acceso a la plaza”.

Las quejas de la FSP-UGT van más allá, aseguran que algunos de los despedidos llevaban más de 20 años trabajando en las empresas públicas y que “se han ido a la calle sin ningún tipo de indemnización mientras que otros sí han tenido un despido retribuido”.

Rivas también ha insistido en se ha estado despidiendo a empleados de empresas públicas al mismo tiempo que se han realizado contrataciones y ha señalado que ha habido amenazas a personas con frases como “tú serás el siguiente en irte a la calle, si haces acción sindical”.

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