Greenpeace exige mayores medios para la investigación y persecución de incendiarios y pirómanos

Ante los indicios que señalan la intencionalidad de muchos de los incendios forestales ocurridos durante este verano, como el incendio de La Gomera o el todavía activo de Robledo de Chavela-Valdemaqueda, Greenpeace solicita más medios humanos y técnicos para las fiscalías de Medio Ambiente y los equipos que en las diversas comunidades autónomas se ocupan de la investigación de las causas de los incendios forestales.

“La vía penal no debe ser ni la única ni la principal herramienta para prevenir el problema de los incendios forestales, pero resulta fundamental para frenar la criminalidad que estamos viendo este verano” ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace España.

La mayor y mejor investigación de las causas ha permitido aumentar el número de encausados, sentencias y condenas por este delito en los últimos años. Según reflejan las memorias de la Fiscalía General del Estado durante el periodo 2007-2010 (la memoria de 2011 no está disponible), en los últimos años se ha condenado por provocar incendios forestales a una media anual de 88 responsables. Esta cifra supone que solo son condenados menos del 1 % de los responsables de los incendios forestales en España.

A pesar de que, en los últimos años, la acción de la Fiscalía General del Estado, y en especial la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, ha sido fundamental para la prevención, investigación y detención de los autores de incendios forestales, lo que está ocurriendo este verano demuestra que no es suficiente.

A la luz del problema, y por la alta criminalidad existente, Greenpeace demanda:

Dotar a los fiscales de medios suficientes, con peritos especializados, para realizar todas las investigaciones pertinentes y evitar que los casos acaben siendo sobreseídos por falta de pruebas y que los culpables, por tanto, queden en libertad.
Reforzar el papel de las fiscalías de Medio Ambiente en la función preventiva en coordinación con las autoridades administrativas.
Reformar el Código Penal para que se considere punible cualquier imprudencia (sea o no grave), se endurezcan las sanciones a las personas jurídicas y se eliminen los juicios por jurado para este delito.
Seguir apelando a la permanente colaboración ciudadana para identificar y poder enjuiciar a los incendiarios.
Detección, seguimiento y control de la patología de piromanía, diferenciándola claramente de otros comportamientos relacionados con la conflictividad social, el alcoholismo, la toxicomanía o comportamientos antisociales. Los pirómanos deben ser ayudados mediante un internamiento pre-delictivo en centros especializados, especialmente en los periodos estivales, cuando su disfunción es más peligrosa socialmente.

“Es fundamental actuar antes de que los incendios se produzcan. Con una apuesta por el sector forestal que se traduzca en inversiones y desarrollo rural” ha señalado Soto. “Cuando tienen que actuar las brigadas de investigación, la Guardia Civil o la Fiscalía ya es demasiado tarde y el desastre ya no tiene remedio”.

Por último, Greenpeace apoya la petición de la Fiscalía de eliminar el sistema de juicio con jurado para el delito de incendio forestal. La experiencia de los juicios con jurado, lenta y costosa, ha sido además muy mala en diversos casos de incendiarios absueltos por incendios forestales reiterados.

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