El exjefe del área de Medio Ambiente de Emaya, Germán Chacártegui, quien este lunes ha declarado como imputado en la causa que investiga un desvío de hasta 1,5 millones de euros en la adquisición de contenedores soterrados de basura en Palma, más conocido como caso Ossifar, ha apuntado que las órdenes sobre las distintas adjudicaciones le venían dadas por la exgerente Malen Tortella, quien a su vez las consultaba con la expresidenta Cristina Cerdó, con UM y con el exvicepresidente insular Antoni Pascual.
Durante su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Pedro Barceló, Chacartegui ha recordado cómo Tortella, también encausada, le indicaba "quién tenía que ser el adjudicatario" e incluso, después de que él elaborase un primer informe de forma objetiva sobre las concesiones públicas, la exgerente le ordenaba modificar el adjudicatario que él había propuesto.
El imputado, asistido por el letrado Juan José Cano de Alarcón, ha especificado de hecho que en tres ocasiones el informe inicial "ya no fue objetivo porque ya de entrada Tortella me había dicho que el adjudicatario debía ser una empresa determinada", más en concreto en el concurso para el suministro de barredoras y contenedores, que "tenía que ganarlo Seguridad y Limpiezas", investigada en esta causa por un supuesto trato de favor.
Tal y como ha precisado Chacartegui, cuando se decidieron soterrar los contenedores del Paseo Marítimo, posteriormente se enteró de que se había pagado por ellos "un precio muy superior al normal". Y es que, de acuerdo a las pesquisas, el Consistorio palmesano abonó por cada contenedor -se adquirieron unos 200- más de 11.000 euros, una cantidad muy superior al precio unitario del mercado en el resto de España, calculado en unos 6.000 euros.
En este sentido, ha manifestado que Cerdó, puesto que tenía que firmar la adjudicación, "tenía por ello conocimiento de quién había ganado el concurso", mientras que respecto a Tortella, ha recordado que cuando cogía el informe del declarante "me decía que tenía que hablar con Cerdó, con el partido y con Antoni Pascual, que era vicepresidente del Consell y no trabajaba en Emaya".
Sin embargo, no son éstos los únicos hechos por los que ha apuntado hacia Cerdó y Tortella, al aseverar que también ellas tomaron la decisión de "montar un servicio al que llamaron Ciudadanía", para el que contrataron a cinco personas afiliadas a UM y que tenía "dos misiones". Una de ellas era que cualquier persona que fuese contratada en Emaya tenía que pasar antes por esas oficinas "para que les dieran una charla, recordándoles que en las siguientes elecciones tenían que pagar con su voto el favor que les había hecho UM al contratarles".
Del mismo modo, la "segunda misión" consistía en atender "a clientes VIP: personas afines a UM". El encausado ha precisado que este departamento "no tenía ni presupuesto ni había sido formalizado a través del consejo de administración", como tampoco "era público y de hecho, cuando UM perdió las elecciones, desapareció".
CERDÓ: " SI EL PP HA CREADO UNA OFICINA, POR QUÉ NO NOSOTROS"
Chacartegui ha recordado que cuando Tortella y Cerdó propusieron impulsar este departamento, la expresidenta de Emaya y exregidora de Medio Ambiente comentó que este tipo de oficina "ya la había creado el PP a través de los controladores medioambientales", por lo que aseveró que "si lo ha hecho el PP por qué no lo podemos hacer nosotros". Una iniciativa cuyo objetivo era, al fin y al cabo, "sacar provecho político para UM" pese a que las personas que trabajaban en la oficina lo hiciesen en relación a temas de Emaya.
Y es que los investigadores apuntan a que el partido regionalista puso en marcha este departamento presuntamente con el único fin de gestionar "favores" a personas y entidades afines a la formación, contratar a quienes hubieran realizado funciones políticas en beneficio del partido e impulsar directrices que pudieran favorecer la imagen de la formación así como de sus dirigentes, más en concreto de los excargos públicos Miquel Nadal y Cristina Cerdó.
El propio Chacartegui afirmó en dependencias de la Guardia Civil que el departamento "no tenía razón de existir" puesto que ya existía el llamado Call Center de atención al ciudadano las 24 horas del día. Todo ello formaría parte de una estrategia política conocida como Xarxa y que en Emaya estaría representada a través del departamento Ciudadanía. EP
