Refuerzan la Fiscalía Anticorrupción de Baleares ante el alud de casos en marcha

La Fiscalía Anticorrupción de Baleares se reforzará próximamente con un nuevo miembro, la fiscal Ana Lamas, quien se incorporará al equipo formado en la actualidad por Juan Carrau Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán ante el alud de causas por presunta corrupción política que se encuentran en marcha en las islas y la complejidad de las mismas, entre ellas la centrada en la actividad presuntamente irregular llevada a cabo por el Institito Nóos.

Así lo han informado fuentes del Ministerio Público a Europa Press, que han explicado que será previsiblemente a partir del próximo mes de octubre cuando Lamas, nombrada en abril de 2003 abogada fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), se una a la Fiscalía Especial de Delitos Económicos y Criminalidad Organizada.

En concreto, Lamas, procedente del Centro de Estudios Jurídicos, tomó posesión de su cargo el 22 de abril de 2003, tras ser nombrada por orden del Ministerio de Justicia del 2 de abril de ese año. Posteriormente, y en virtud de Real Decreto 80/2008, de 25 de enero, fue promovida a la categoría de fiscal, cargo del que tomó posesión el 28 de enero de 2008.

Después de que la Fiscalía Anticorrupción ya se reforzase con la incorporación de Subirán, Lamas integrará un equipo dedicado de pleno a las más de quince causas por supuesta corrupción que están siendo instruidas en las islas, como el caso Palma Arena -dividido en un total de 26 piezas separadas-, Son Oms, Maquillaje, Voltor, Ibatur, Andratx, Relámpago, Funeraria, Picnic, Ossifar y Peaje.

Una avalancha de casos que no han cesado de destaparse desde que, a finales de 2006, estallase la causa por corrupción urbanística conocida como caso Andratx, en la que se encuentran condenados el exalcalde Eugenio Hidalgo y el exdirector general del Territorio del Govern Jaume Massot, y donde están bajo lupa judicial, entre otros numerosos imputados, Jacobo Rodríguez Miranda, hijo del exministro Santiago Rodríguez Miranda, el excelador Jaume Gibert y el técnico jurídico Nacho Mir. La vivienda que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, posee en Andratx, parte de la cual se ubica en terreno protegido, también fue investigada en este caso.

Ya en el marco del caso Palma Arena destacan las pesquisas en torno a la actividad presuntamente delictiva desplegada al frente de Nóos por parte del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres. Sin embargo, estas complejas investigaciones, en las que se encuentra volcada Anticorrupción, constituyen tan sólo uno de los 26 flecos del caso, que a nivel global indaga el supuesto desvío de más de 50 millones en la construcción del velódromo Palma Arena, la financiación irregular del PP balear y el enriquecimiento presuntamente ilícito del expresidente del Govern Jaume Matas.

Otros de los exaltos cargos que están en el punto de mira son la exvicepresidenta del Govern y exnúmero dos de Matas, Rosa Estaràs, para quien la Guardia Civil ha pedido su imputación por su presunta intervención en el amaño de un contrato otorgado a la trama Gürtel, y el exdelegado del Gobierno José María Rodríguez, por supuestamente falsear facturas en favor de una empresa una empresa de comunicación relacionada con Gürtel. Sin embargo, no es ésta la única causa en la que Rodríguez ha estado bajo lupa judicial: ya lo estuvo en el caso Andratx por presuntamente alertar a Eugenio Hidalgo de que iba a ser detenido.

CARRAU, DESIGNADO FISCAL DELEGADO DE ANTICORRUPCIÓN EN 2004

Cabe recordar que en diciembre de 2004 Carrau fue designado Fiscal Delegado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, mientras que en mayo de 2007 lo fue Horrach. En el caso de Subirán, en diversos decretos el Fiscal General del Estado lo designó como Delegado Temporal de la Fiscalía Especial para determinadas causas toda vez que se le atribuyeron funciones de colaboración en las causas relativas a delitos económicos.

En la actualidad, los tres fiscales centran su actividad en causas que apuntan a la supuesta comisión de delitos económicos de notable cuantía y a la corrupción en la administración pública así como en procedimientos judiciales en los que tiene incidencia la criminalidad organizada.

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