Piden la dimisión del presidente del Colegio de Médicos de Baleares

En relación con los últimos acontecimientos relacionados con las investigaciones por parte de la fiscalía que afectan al Servicio de Traumatología del Hospital de Inca, los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos que concurrieron a las elecciones con la candidatura del Fernando García Romanos y por lo tanto los que están en la oposición, solicitan la dimisión cautelar de Antoni Bennassar mientras no se aclare la situación, para evitar que el resto del colectivo médico y la propia institución puedan verse salpicados.

Los partidarios de Fernando García Romanos manifiestan que, a pesar de representar a casi la mitad de los profesionales, ninguna de las propuestas que han llevado al Pleno en estos dos años de legislatura ha sido aceptada, entre otras la rebaja de cuotas colegiales, la eliminación de festejos y gastos innecesarios, la creación de un fondo para cubrir situaciones de necesidad, la dimisión del abogado Francesc Fiol (Partido Popular) por estar imputado en el caso de Ca´n Domenge, la retirada de subvenciones a medios de comunicación, el control sobre los contratos de los médicos por parte de las Mutuas y clínicas privadas, las propuestas de una mayor eficiencia en la gestion a la Consellería, la petición a ésta última de retirar subvenciones a determinados grupos, las propuestas de apoyo a los profesionales de Atención Primaria por los recortes, las propuestas de desburocratización en el Sistema Público, de desburocratización informática, de implicar a la OMC en el rechazo a la ley de agilización procesal, y otras muchas.

En la misma línea, el grupo encabezado por Fernando García Romanos tampoco fue consultado en octubre de 2011, fecha en la que Antoni Bennassar convocó una rueda de prensa en su nombre y el de sus representados, afirmando que la auditoría le exculpaba, dando a entender de manera tácita que compartían su opinión, cuando de hecho ésta estaba, al parecer, simplemente en suspenso, como demuestra el hecho de que los informes que contenía estén siendo investigados en la actualidad por la Fiscalía Anticorrupción.

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