Los residuos que traerá Salom a Mallorca no huelen y crean empleo

El Consell de Mallorca ha afirmado que los residuos que estima importar a partir de enero “no son basura”, cumplirán “todas las garantías medioambientales” y permitirán contener la subida de la tasa de incineración de 2013, supondrán un ahorro de 20 millones de euros, un ingreso extraordinario de ocho millones de euros y generarán un volumen de actividad de 14 millones de euros derivado de su importación.

La consellera insular de Medio Ambiente, Catalina Soler, ha dicho que lo que llegará a Mallorca “no es basura, sino combustible de residuos sólidos. Son residuos tratados previamente, que son compactados, inertes y que no desprenden ningún tipo de olor”.

Soler ha señalado que “no se podrá traer nada que no esté autorizado por la Unión Europea” y ha insistido en que el combustible debe contar con “todos los certificados que garantizan las medidas medioambientales exigibles” y que “el proceso estará supervisado por inspectores de campo”.

Así, ha afirmado que su importación “supondrá un ahorro de 20 millones de euros en combustible primario” y “la reducción de las emisiones a la atmósfera de 207.000 toneladas de CO2 de efecto invernadero”.

“SE CREARÁN 350 PUESTOS DE TRABAJO”

Según Soler “se crearán 350 nuevos puestos de trabajo” debido al volumen de actividad derivado de la importación del combustible, que será de 14 millones de euros y que revertirán en las empresas de Baleares.

Por otra parte, la consellera ha manifestado que la propuesta de la oposición, que pide la ampliación del período de concesión, es “ilegal”, ya que el plazo máximo que permite la ley es de 50 años, “plazo que, prácticamente, está agotado tras aprobar la ampliación de la gestión de residuos en Tirme hasta el año 2041”.

Soler ha pedido que la oposición sea “responsable” y ha afirmado que tiene “voluntad de hablar con todos los partidos políticos” para buscar “soluciones reales y factibles”.

En este sentido, ha revelado que en la anterior legislatura se realizaron dos auditorías. La primera, solicitada por la Conselleria de Presidencia, que costó 20.000 euros, y otra, posterior, encargada por el anterior Conselleria de Medio Ambiente, que costó otros 20.000 euros.

A pesar de esto, la consellera ha afirmado que con estos dos informes “no fueron capaces de contener la tasa ni de buscar soluciones de futuro” y lo que hicieron fue “dejar a punto una subida del 50% por si seguían gobernando, tal y como había propuesto Tirme”.

La consellera ha estimado que a finales de octubre la ley podría estar ya aprobada y que a principios de año podrían llegar los primeros cargamentos al Puerto de Alcudia. EP

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