El Comité de Derechos y Garantías del PP de las Illes Balears, reunido esta tarde, ha acordado por unanimidad la suspensión provisional de todas las funciones como cargos públicos en representación del PP de los siete ediles de Manacor Catalina Riera Mascaró, Francisca Rufiandis Cabrer, María Bover Sansó, Sebastiana Sureda Rosselló, María Magdalena Sureda Fons, Roberto Arturo Flores Pineda y Cristina Matamalas Albertí.
El Comité ha adoptado este acuerdo tras el escrito de la Junta Gestora del PP de Manacor, según la cual el pasado 2 de julio se presentaron el pleno del Ayuntamiento varias mociones de urgencia en la que se reestructura el gobierno municipal, modificando las delegaciones, las tenencias de Alcaldía y los miembros de la Junta de Govern. Además, se fijan cargos con dedicación exclusiva y parcial, dejando sin efecto el acuerdo de pleno del 4 de julio de 2011 y se modifica el nombramiento de representantes municipales de los órganos colegiados. Estas propuestas fueron apoyadas por Antoni Pastor; los miembros del grupo Popular Catalina Riera, Francisca Rufiandis, Maria Bover, Sebastiana Sureda, María Magdalena Sureda, Roberto Arturo y Cristina Matamalas del Grupo Municipal del PP, además de Joan Gomila y Bernat Amer de A.I.P.C y los nuevos miembros del equipo de gobierno Francisco Mateu Capllonch y Joan Ginard del A.L.M. La Junta Gestora local solicitaba del Comité de Derechos su intervención “para evitar daños mayores al Partido Popular y a los intereses de los ciudadanos de Manacor”
Se trata de una serie de acuerdos que van en contra de los intereses de la Junta Gestora del PP de Manacor, y, por consiguiente, del PP de las Illes Balears, siendo de reseñar que fueron decretados y/o propuestos por el alcalde, que en esa fecha se encontraba suspendido cautelarmente de militancia por tener abierto expediente disciplinario en su contra.
El Comité ha adoptado este acuerdo por considerar estos hechos “muy graves”, según el artículo 13.1 d) y e) de los Estatutos Nacionales del PP.
Asimismo, el Comité de Derechos y Garantías ha acordado solicitar al mismo órgano nacional la suspensión cautelar de militancia y el inicio de expediente disciplinario de estos siete ediles.
Finalmente, el Comité ha acordado trasladar su dictamen a los propios interesados, que ya ha sido informados, al Comité Nacional de Derechos y Garantías, al Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Manacor, a la Junta Gestora Local de Manacor, al PP de Mallorca y al Partido Popular de las Illes Balears a efectos de que adopten las medidas oportunas para hacer efectivas estas medidas cautelares.
