La exnúmero dos de UM en el Ayuntamiento de Palma y exconcejal de Medio Ambiente, Cristina Cerdó, ha negado ante el juez instructor del caso Ossifar que diese instrucciones para contratar, a través de un departamento creado bajo su presidencia en la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya), a personas afines a UM como compensación a las funciones políticas y labores realizadas en favor del desaparecido partido regionalista.
Así lo ha puesto de manifiesto ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Pedro Barceló, en el marco de la causa que apunta a que UM puso en marcha una oficina en Emaya con el único fin de gestionar "favores" a personas y entidades próximas a la formación e impulsar directrices que pudieran favorecer la imagen del partido así como de sus dirigentes, más en concreto de la propia Cerdó y del expresidente 'uemita' Miquel Nadal.
Tal y como ha defendido en su comparecencia, que se ha prolongado durante más de cuatro horas, el objetivo del departamento denominado Ciudadanía pasaba por ofrecer una mayor atención a los ciudadanos, centralizando en un mismo departamento las quejas en torno a las incidencias que provenían del Ayuntamiento, de la Policía o de las reuniones de las asociaciones, según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.
A pesar de que el exjefe del Área de Medio Ambiente de Emaya Germán Chacártegui -citado de nuevo este jueves- ya manifestó como encausado que este departamento 'fantasma' "no tenía razón de existir" puesto que ya estaba el llamado Call Center de atención al ciudadano las 24 horas del día, Cerdó ha insistido en que la pretensión del mismo era resolver en un menor tiempo las quejas recibidas y solucionar las incidencias con mayor rapidez.
En relación a la oficina Chacártegui señaló que la encargada del departamento era Leonor Jiménez y tan sólo trabajaban cuatro personas más. Tal y como recordó, Tortella, en presencia de Cerdó, les indicó que "todo el mundo que se contratara debía pasar por esa oficina" y que en ella "se les daría una charla". Todo ello formaría parte de una estrategia política conocida como Xarxa y que en Emaya estaría representada a través del departamento Ciudadanía.
Ya en la declaración que prestó Cerdó en dependencias de la Guardia Civil tras ser detenida, se le puso de manifiesto que de forma paralelamente a este departamento existía un 'call center' al que llegaban las quejas y que todas las personas que formaban parte eran procedentes de UM, como Antònia Vidal, quien fue la jefa de campaña de la formación en las elecciones municipales de 2007, al tiempo que muchas de esas personas acabaron contratadas en Emaya.
Sin embargo, al respecto Cerdó asegura que jamás ha dado instrucciones para contratar a nadie, ni siquiera a Tortella, al aseverar que todas las contrataciones se realizaban en base a los curriculum que llegaban y las necesidades del momento. Así, tal y como ya puso de manifiesto en el Instituto Armado, ha negado que la oficina para la Ciudadanía no debía servir para ello ni le consta que se produjese de esta forma.
LOS CIUDADANOS RELATAN LA TRAMA ELECTORAL DE UM
Se da la circunstancia de que numerosos ciudadanos han ido poniendo en conocimiento de los investigadores cómo UM, durante la campaña electoral previa a los comicios municipales y autonómicos de 2007, habría tratado de conseguir el voto a cambio de distintos ofrecimientos, como dádivas o recompensas por ejercer el derecho al sufragio en favor del extinto partido. Muchos de estos testimonios han quedado recogidos en el sumario del caso Ossifar.
"Me dijeron que si quería ganarme un dinerillo que votara a UM, que ganaba ochenta euros". Es lo manifestado de modo literal por una de las ciudadanas afectadas por esta presunta trama electoral, quien recordó cómo cuando entró en una panadería de Es Molinar la dependienta le preguntó: "¿No tienes trabajo ni dinero? Porque no quieres, porque votando a UM te pagan ochenta euros".
SE DESVINCULA DE LAS DECISIONES EN LA ADJUDICACIÓN DE CONTENEDORES
Ya en relación a otra de las investigaciones de este caso, la relacionada con el presunto desvío de entre uno y 1,5 millones de euros públicos con la adquisición de contenedores soterrados de basuras a la empresa Seguridad y Limpiezas S.A., Cerdó se ha desvinculado de las decisiones adoptadas en el marco de este proceso, tanto de la elaboración del proyecto como de la posterior adjudicación del soterramiento de los 'containers'.
De hecho, ha aseverado que jamás dio orden alguna en relación a esta concesión, cuyas presuntas irregularidades fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, en verano de 2009, por el equipo de gobierno liderado entonces por la socialista Aina Calvo. Precisamente, la exalcaldesa está citada a declarar este jueves en calidad de testigo para arrojar luz en torno a los hechos investigados en este procedimiento judicial.
