El conseller de Administraciones Públicas, Simón Gornés, ha revelado este miércoles que el ahorro que tendrán las islas por la supresión de la paga extra de Navidad de este año a los funcionarios de servicios generales de la comunidad será de 7,16 millones de euros.
Así lo ha estimado el conseller durante una comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament en referencia a esta medida que se aplicará en cumplimiento de un decreto estatal.
Concretamente, el ahorro de 7,16 millones se logrará con la supresión de la extra al funcionario laboral, eventual, así como al directivo de los organismos autónomos y altos cargos, todos ellos de Servicios Generales.
Por otra parte, Gornés ha detallado otras medidas adoptadas por Función Pública en virtud del plan de medidas de ahorro 2012 del Govern, algunas de las cuales ya se están aplicando actualmente.
En este sentido, ha reiterado que muchas de ellas ya se estaban aplicando antes del Plan debido a la necesidad de redimensionar la administración y contener gastos. Además, ha explicado que la parte proporcional del crédito que se ha bloqueado del presupuesto de la Conselleria de Administraciones Públicas, es de 14,5 millones de euros, si bien esta cantidad es de una partida que no afecta al capítulo de personal.
AUDITORÍA TÉCNICA PARA REDISTRIBUIR LAS CARGAS DE TRABAJO
Gornés también se ha referido a la auditoría técnica iniciada por el Govern y ha asegurado que la finalidad de ésta -que estará a final de año- es conocer con exactitud la carga de trabajo que hay en la administración, para, en función de estos datos, poder redistribuirla.
Además, preguntado sobre si planea despedir a interinos, Gornés ha replicado que el único Govern que puso cifra a los despidos fue el del Pacte, cuando el exconseller de Economía, Carles Manera, dijo que era necesario amortizar 700 plazas de empleados públicos cada año.
TOPÓNIMOS
Por otra parte, durante la comparecencia, los grupos de la oposición le han preguntado sobre el posible cambio de topónimos de algunos municipios de las islas y Gornés ha apuntado que con la nueva normativa se permite a los ayuntamientos, con una autorización posterior del Consell Insular correspondiente, que decidan si quieren mantener sus denominaciones sólo en catalán o, si bien, por el contrario deciden optar por la fórmula bilingüe.
