El Ajuntament lleva a Anticorrupción la adjudicacion de Jardins de Tramuntana

El Ayuntamiento de Palma ha puesto hoy en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Baleares la adjudicación del servicio de mantenimiento de jardinería de la Empresa Funeraria Municipal a la empresa Jardins de Tramuntana. Así lo ha anunciado hoy el portavoz del equipo de gobierno municipal Julio Martínez, que acompañaba a la presidenta de la Empresa Funeraria Municipal, Irene San Gil, después de que un informe de los servicios jurídicos municipales, elaborado a raíz de un informe de la Sindicatura de Cuentas, considere que hay indicios de que esta adjudicación puede ser constitutiva de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Este informe insta al equipo de gobierno a poner en conocimiento de la Fiscalía estos hechos ocurridos durante la pasada legislatura “por sus posibles consecuencias penales”. El portavoz del equipo de gobierno municipal, Julio Martínez, ha asegurado que “a partir de ahora, será la Fiscalía quien determine si hay estas consecuencias penales, no es una decisión política sino una decisión vistas las irregularidades que salen del informe de la Sindicatura de Cuentas”.

Este informe de Sindicatura de Cuentas indica que hay indicios de irregularidades tanto durante la preparación como durante la adjudicación de este contrato, “con la deliberada voluntad por parte del anterior equipo de gobierno de obviar la normativa en materia de contratación pública”, como ha explicado Martínez.

Una de las irregularidades de la adjudicación del servicio de mantenimiento de jardinería de los cementerios municipales es la falta de clasificación por parte de la empresa Jardines de Tramuntana, un requisito que no se pidió en los pliegos, al margen del hecho de que la empresa estaba en causa de disolución, un motivo por el cual ya no podía concursar, por lo que, se trata de “una adjudicación nula de pleno derecho” según el informe de la Sindicatura.

Julio Martínez ha recordado el informe “más importante”, elaborado por el departamento de Intervención que el anterior equipo de gobierno “escondió a la oposición durante dos años” y sólo se descubrió cuando se revisaron las cuentas de 2008 dos años después.

La teniente de alcalde de Función Pública y Gobierno Interior y presidenta de la Empresa Funeraria Municipal, Irene San Gil, ha recordado que la Sindicatura ha detectado en este proceso varias irregularidades más “que pueden ser constitutivas de infracción penal” como la no publicación de un anuncio público de este concurso en el Diario Oficial de la Unión Europea durante 52 días como marca la normativa, para garantizar el principio de igualdad y de libre concurrencia, que se añade a la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma del 1 de marzo, día festivo “lo cual demuestra que se quisieron obviar las normas sobre publicación”:

La presidenta de la Empresa Funeraria Municipal, Irene San Gil, indicó que tampoco consta ningún informe de puntuación de las diferentes propuestas que concurrieron, “no se sabe cómo se aplicaron los criterios de valoración” y añadió que la Empresa Funeraria Municipal devolvió todas las ofertas, que por obligación deben guardarse durante 5 años por la posible presentación de recursos contra esta adjudicación. Ahora no consta ninguna documentación de cuáles fueron las propuestas de las empresas licitadoras.

San Gil también ha recordado que, dos años después de la contratación a Jardines de Tramuntana, la Empresa Funeraria Municipal sacó a licitación el mismo servicio de mantenimiento y una empresa lo realiza por 135.000 euros, un importe muy inferior a los casi 200.000 por los que se adjudicó a Jardines de Tramuntana.

El portavoz municipal ha pedido responsabilidades políticas, más allá del cese de la persona que estaba al frente de la Gerencia de la Empresa Funeraria Municipal cuando se produjeron estos hechos, porque en ningún momento el anterior equipo de gobierno dijo que el cese se producía por este motivo.

Prórroga de la ORA

El portavoz municipal, Julio Martínez, también ha dado cuenta de otros acuerdos de la última junta de gobierno, como la prórroga del servicio de mantenimiento de la ORA por un valor de 2,6 millones de euros, hasta que se adjudique el nuevo contrato que se está en proceso de licitación.

Dos colegios más con portería

La junta de gobierno también ha decidido ampliar el servicio de portería a dos centros públicos que hasta ahora no tenían: el Infant don Felip y Alejandro Rosselló, que suponen un incremento de gasto de unos 11.000 euros de noviembre hasta el 15 de marzo.

Servicios mínimos

El equipo de gobierno también ha decidido presentarse a una impugnación del decreto de servicios mínimos a los efectos de la huelga convocada los días 15 a 19 de octubre que presentó el sindicato UGT contra estos servicios mínimos.

Servicio de comedor y de promoción de la autonomía personal

La junta de gobierno también ha decidido hacer una serie de prórrogas del servicio de comedor y de promoción de la autonomía personal para personas mayores en el Casal Jonquet, en Can Ribes y el Casal Ciutat Antiga.

Personación del Ayuntamiento de Palma

El equipo de gobierno también ha decidido la personación por parte del Ayuntamiento de Palma ante un recurso de casación interpuesto por la Congregación de los misioneros de los Sagrados Corazones contra el acuerdo de la aprobación definitiva del Plan Territorial de Mallorca por parte del Consell de Mallorca, ante el Tribunal Supremo, donde el Ayuntamiento es co-demandado.

Incremento del IVA

La junta de gobierno también ha acordado una serie de aprobaciones formales por incremento de IVA de una serie de contratos, un incremento de gasto al que se dará cobertura.

Ascensores en los colegios públicos

El equipo de gobierno también ha acordado una prórroga del servicio de mantenimiento de los ascensores de los colegios públicos de Palma, que tampoco sufrirán un recorte, porque ya se hace con cargo a los presupuestos de 2013.

Camino de Génova a San Agustín

La junta de gobierno también ha aprobado definitivamente la modificación del proyecto de urbanización del camino de Génova a San Agustín, después de que se haya producido previamente la aprobación inicial, en aplicación de la Ley de Capitalidad, porque antes la aprobación definitiva la realizaba el Consell de Mallorca y ahora la hace el Ayuntamiento de Palma.

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