Una exadministrativa de Emaya niega que los informadores medioambientales buscaran captar votos para UM

Una exadministrativa de Emaya que este lunes ha sido interrogada en calidad de imputada en el marco del caso Picnic, centrado en el presunto desvío de fondos del Ayuntamiento de Palma a atraer futuros votantes de UM, ha negado que los informadores medioambientales de los que el partido se habría servido para ello buscasen atraer a nuevos militantes, sino que únicamente se dedicaban a labores en favor del medio ambiente.

Así lo ha declarado Mónica Morales ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Palma, Juan Pedro Yllanes, durante una comparecencia en la que ha aseverado que trabajó “y mucho” en favor de esta labor, con la elaboración de listados de personas que querían información sobre estos asuntos y que ella se encargaba de remitir a la entonces coordinadora de Medio Ambiente del Consistorio, Paula Cortés, según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.

En su deposición, la inculpada ha recordado cómo los informadores, más conocidos como IMAS, estaban presentes en numerosos actos en los que se trataban asuntos medioambientales y a los que acudían personas de distinto color político, no sólo de la extinta UM. Allí se encargaban de dar información a quienes se acercaban, que en los expositores que había instalados proporcionaban sus datos para recibir más información o apuntarse a cursos.

Así, según ha relatado, los IMAS realizaban fichas con los datos de los interesados y se la daban a la declarante, quien ha apuntado que con ellas elaboraba listados que posteriormente remitía a Cortés. Tras todo este proceso, los supuestos agentes electorales acudían a sus domicilios para tratar nuevamente estas cuestiones.

De esta forma, la inculpada, quien ha recordado que estuvo muy poco tiempo afiliada a UM, partido del que se ha desvinculado durante su declaración, se ha mostrado tajante al defender que la labor de estos informadores no tenía nada que ver con la realización de las llamadas ‘biblias’, encuestas que según los investigadores hacían servir los presuntos captadores de votos al ir casa por casa con objetivos partidistas.

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción postula que UM desvió 1,2 millones de euros municipales a hacer “proselitismo, propaganda y apología de su idea política”, y apunta a la exconcejal de Medio Ambiente, Cristina Cerdó, entre otros exaltos cargos de la formación como una de las principales personas que urdieron esta trama “en beneficio exclusivo del partido”.

ENCUESTAS PARA GANAR “ADEPTOS Y FIELES”

Según los fiscales, desde esta área municipal se contrataron inspectores medioambientales que en realidad habrían llevado a cabo labores particulares para UM con la realización de encuestas puerta a puerta para deducir la afinidad de los ciudadanos hacia la formación nacionalista, datos eran facilitados a Cortés y que posteriormente eran utilizados para que los Imas visitasen únicamente a los afiliados y potenciales votantes con el objetivo de ofrecerles excursiones en la que conseguir nuevos afiliados.

Por su parte, el juez Francisco José Pérez, en el auto por el que dictó prisión bajo fianza de 300.000 euros para Cerdó y de 100.000 para Cortés -posteriormente rebajada a 65.000-, aludía a la existencia de indicios que apuntaban a que la exregidora daba las “oportunas órdenes” para indicar qué personas debían ser contratadas como IMAS y qué labores debían realizar, todo ello “única y exclusivamente en claro beneficio de UM”.

Las propias Cerdó y Cortés rechazaron su participación en estos hechos al ser interrogadas por el magistrado, quien consideraba en su resolución “francamente incomprensible la constante negación” de ambas tanto por las funciones que desarrollaban como por lo arrojado por testigos, imputados y documentos que apuntan a la responsabilidad penal de las dos ex cargos ‘uemitas’.

El juez señalaba en su auto que con la contratación de gente afín a la formación el partido “se ganaba adeptos y fieles que los apoyarían, dando así una imagen de ser un partido de éxito con el consecuente efecto arrastre que ello puede suponer a la hora de disipar el llamado voto útil”.

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