300.000 familias en España viven de la pensión del abuelo

Jaime Lanaspa, director general de la Fundación ”la Caixa”; Rosa Maria Molins, directora del Área de Becas y Estudios Sociales de la Fundación ”la Caixa”, y Miguel Laparra y Begoña Pérez Eransus, coordinadores del estudio y profesores titulares de política social en la Universidad Pública de Navarra, han presentado el volumen 35 de la colección Estudios Sociales de la Fundación ”la Caixa” Crisis y fractura social en Europa. Causas y efectos en España.

Se trata de un análisis comparativo a nivel europeo del impacto social de la crisis económica a partir de los indicadores de pobreza y exclusión social. Los datos presentados se refieren principalmente a cuatro países, en representación de cuatro modelos de bienestar: el escandinavo (Dinamarca), el anglosajón (Reino Unido), el continental (Francia) y el mediterráneo (España).

Impacto desorbitado de la crisis en el mercado de trabajo

El mercado de trabajo en España, con su dualidad entre empleos fijos y temporales, ha mostrado un extraordinario nivel de flexibilidad externa, vía despidos, sobreactuando así en su reacción al descenso de la actividad económica. Entre 2007 y 2011 se ha perdido el 11 % del empleo, y el número de desempleados se ha multiplicado por 2,7. En España, de 2005 a 2011 el desempleo ha pasado del 9,2 % al 22 %. El ajuste se ha concentrado en el sector secundario de los empleos temporales, de baja cualificación, y ha afectado especialmente a jóvenes y a extranjeros.

En cambio, países como Francia, el Reino Unido y Dinamarca han preservado mucho mejor el empleo, con una evolución similar del PIB en ese periodo. El desempleo en 2010 se situaba en algo menos del 8 % en Dinamarca y el Reino Unido, y en el 9,3 % en Francia. La protección del empleo, combinada con fuertes dosis de flexibilidad interna (reducción de jornadas y reestructuración de actividades), parece haber funcionado para evitar el aumento del desempleo en estos países.

Aumento de las desigualdades y de la pobreza

La población española en riesgo de pobreza ha aumentado en 1,4 millones, un incremento mucho mayor que el del resto de países de la Unión Europea.

Además, el elemento más preocupante, según los autores del presente estudio, es el hundimiento de las rentas más bajas, que ha hecho aumentar muy significativamente la proporción de personas situadas por debajo del umbral de la pobreza más severa —por debajo del 30 % de la renta mediana equivalente. España ha experimentado el crecimiento más importante de la pobreza severa entre los países analizados —un punto porcentual—, que ha alcanzado el 5,2 %, el doble que el resto. Se rompe así en nuestro país una tendencia de varias décadas de reducción de los niveles de pobreza severa.

Fruto de todo ello, España, que era de los países analizados el menos desigual en rentas del mercado antes de la crisis, se posiciona en tercer lugar, en la UE-27 en 2010, en cuanto al nivel de desigualdad de ingresos —coeficiente de Gini—, distanciándose también en los extremos de la desigualdad social: el 10 % más rico tiene ahora cinco veces más ingresos que el 10 % más pobre —la diferencia ha aumentado el 16,3 % desde 2007—, especialmente por el empeoramiento de la situación de los más pobres.

Impacto de la crisis en la organización familiar

La cobertura familiar sigue siendo un elemento diferencial de la sociedad española a la hora de enfrentarse a las dificultades. Solo el 6,4 % de los hogares afectados por el desempleo en España son de una persona parada que vive sola. En contraste, la proporción en Dinamarca es de 4 sobre 10, situándose Francia y Reino Unido en una posición intermedia.

El desempleo total familiar —todos los activos del hogar en paro— afecta en España al 7,6 % de los hogares, prácticamente el doble que en los demás países analizados, y nos muestra los límites de la cobertura familiar cuando los problemas de empleo se extienden a todos sus miembros activos.

La situación más dramática se da actualmente en hogares monoparentales (solo el 9 % de los mismos han podido salir de la pobreza a través de transferencias sociales, y alrededor del 37 % se hallan bajo el umbral de la pobreza).

En estos casos, la búsqueda de otros recursos sustitutivos de las rentas del trabajo puede ser vital. Así, en uno de cada cinco hogares en desempleo total familiar vive alguna persona mayor de 65 años. Aquí la pensión del abuelo puede convertirse en un recurso esencial para la supervivencia de todos. El número de estos hogares se ha triplicado en estos cuatro años: unas 300.000 familias en España. La distancia es de unos 6 puntos porcentuales respecto al resto de los países comparados. Este aspecto resulta casi inexistente (por debajo del 1 %) en los otros estados.

Por otro lado, otra consecuencia es el retraso en la emancipación de los hijos. En España, el 52,8 % de los jóvenes entre 18 y 34 años conviven con sus padres, frente al 17,7 % de Dinamarca, el 34 % de Francia y el 39 % del Reino Unido. Estos porcentajes descienden al 36,5 % en España cuando se considera al grupo de 25 a 34 años, pero las distancias respecto al resto de los países aumentan en 24,8 puntos para Francia, 18,8 para el Reino Unido y 1,3 para Dinamarca. Asimismo, mientras que el alto desempleo en Francia se ve compensado con unos mecanismos de protección más generosos, y en Dinamarca con sistemas educativos mejor adaptados a las necesidades de los jóvenes, en España la indefensión ante la pérdida de capacidad adquisitiva llevó a incrementar hasta el 20,8 % en 2010 (más de 10,8 puntos desde 2007) el porcentaje de jóvenes desempleados que viven en casa de sus padres. En España, uno de cada cuatro jóvenes de entre 20 y 30 años no estudia ni trabaja, la proporción más alta de los países analizados y 9 puntos superior a la anterior a la crisis.

Eficacia de los dispositivos de protección social

En los países con modelos de estado del bienestar amplios, como Francia, los dispositivos de protección social han funcionado como estabilizadores automáticos, aumentando 3 puntos la proporción de hogares con alguna prestación y reduciendo así notablemente el impacto social de la crisis y la reducción del empleo; lo mismo ha sucedido en el Reino Unido, cuyos niveles de protección social eran más bajos hasta 2010.

En España, por el contrario, aunque ha aumentado en casi 2 puntos porcentuales (1,8 %) el número de hogares que perciben alguna prestación (en 2007 era del 54,1 % y en 2010 del 55,9 %), según los autores del presente informe este incremento se ha mostrado insuficiente para afrontar las nuevas necesidades, manteniéndose como el país de los analizados cuyo sistema de protección social presenta menor eficacia para reducir la pobreza. Además, según los autores es el estado que menos ha logrado reducir las desigualdades generadas en la sociedad a raíz de la coyuntura económica. Solo un 51,7 % de la población española que se encontraría bajo el umbral de la pobreza con sus propios recursos evita esa situación gracias a las transferencias sociales, entre 10 y casi 20 puntos menos que los demás países (frente al 70 % en Francia y al 66 % en Dinamarca).

Efecto de las transferencias en la tasa de pobreza por grupos de edad

La intensa y extensa precariedad laboral en España, especialmente vinculada a los sectores más jóvenes, y sobre todo a las parejas con hijos y familias monoparentales, ha agudizado el endurecimiento de las condiciones de vida de dichos grupos. Los jóvenes combinan una elevada tasa de desempleo y temporalidad laboral con un alto nivel de desprotección en el empleo, lo que ha provocado el aumento de situaciones de pobreza y exclusión social. Para los menores de 25 años ha aumentado un punto la pobreza severa, hasta situarse en el 7,1 %, y para las parejas con hijos ha crecido en 1,6 puntos, hasta el 6,5 %: ambos casos ocupan la primera posición de forma destacada entre los países analizados. Además, la tasa de reducción de la pobreza ha bajado entre los menores de 18 años (del 75,3 % en 2005 al 72,6 % en 2010) y en los adultos entre 18 y 64 años (del 59,5 % al 55,1 %).

En este tema se han seguido pautas muy distintas de las de países como Dinamarca y el Reino Unido, donde la pobreza severa ha aumentado entre los mayores de 65 años. En este último país, hasta los jóvenes han mejorado significativamente.

En contra, en España las personas mayores, un colectivo que presentaba un mayor riesgo de exclusión antes de la crisis, son el grupo que ha experimentado el mayor incremento en el nivel de cobertura de la pobreza gracias a las transferencias sociales (del 64 % en 2005 al 74 % en 2010). Esta fuerte tendencia solo es detectable en el caso español.

Efecto de las transferencias en la tasa de pobreza por situación laboral

Si se analiza el papel de las transferencias sociales en relación con la situación laboral, en el caso español veremos que las prestaciones sociales han sido capaces de mejorar la cobertura de las personas jubiladas, manteniendo estable el índice de ayudas a los desempleados (el aumento de 1,8 puntos respecto a 2007 se debe a un incremento de beneficiarios en prestaciones por desempleo).

Pese a ello, gran parte del aumento del desempleo (que ha pasado del 9,2 % al 22 %) se ha concentrado en el sector secundario de los empleos temporales, de baja cualificación, y ha afectado de forma muy especial a los jóvenes. De hecho, el paro juvenil triplica el de los adultos mayores en España y Francia, y lo cuadriplica en el Reino Unido. En Dinamarca «solo» lo duplica. Es interesante observar que estas ratios se mantienen prácticamente constantes antes y durante la crisis. En otras palabras: la crisis ha causado el incremento del desempleo en todos los grupos de edad, pero las posiciones relativas se mantienen inalteradas, si bien son los más jóvenes los más perjudicados.

Por otro lado, destaca que la evolución de la tasa de riesgo de pobreza de las personas ocupadas ha aumentado en España 2 puntos porcentuales desde 2007, mientras que se ha mantenido estable en el conjunto de Europa (en países como Francia) o incluso ha disminuido, como en el Reino Unido.

La erosión de las condiciones de trabajo y el fracaso de la estrategia de combinación de varios ingresos bajos en el hogar al perderse el salario de alguno de sus miembros explica en parte el aumento de la tasa de pobreza entre estudiantes, desempleados jóvenes y trabajadores, unos colectivos que no se han visto compensados mediante prestaciones.

Por el contrario, los datos en cuanto a la accesibilidad a los servicios sanitarios muestran la cara más amable del estado del bienestar español, en el que prácticamente nadie deja de ir al médico por motivos económicos: las personas que dejan de recibir atención médica por causa económica representan el 2,7 % en España, solamente superado por el Reino Unido (0,5 %).

Efecto de las transferencias sociales en la evolución de la pobreza

En lo que se refiere a la evolución de la pobreza, España es el país, junto con Francia, con un mayor porcentaje de personas atrapadas en situaciones de pobreza al cabo de dos años (54,6 %). Superaba incluso a Francia claramente antes de la crisis si analizamos el ciclo anual: el 62,4 % de las personas en riesgo de pobreza en 2006 seguían en esa situación un año más tarde, 3,5 puntos más que en Francia. Se establece aquí una diferencia entre estos dos países y los casos de Dinamarca y el Reino Unido, donde superar las situaciones de pobreza parece significativamente más fácil.

Por otro lado, España tampoco queda en buen lugar en lo que se refiere al papel de las políticas sociales en la superación de las situaciones de pobreza: la proporción de personas que superan la pobreza al cabo de dos años gracias al acceso a las transferencias sociales es notablemente más reducido en España, solo 16 de cada 100 casos. En el Reino Unido el porcentaje es del 37,5%, en Dinamarca del 35,7% y en Francia del 28,1%.

Conclusiones del informe

Según concluyen los autores del estudio, el impacto de la crisis en el aumento de la pobreza severa y la exclusión social ha sido mayor en España que en otros países europeos debido a la concurrencia de tres factores: el modelo español de flexibilidad laboral se ha mostrado especialmente perverso a la hora de responder a la crisis, las políticas sociales han mostrado una reducida capacidad de compensar las desigualdades sociales que genera el mercado, y el recurso a la institución familiar presenta ya limitaciones obvias para cubrir todas las necesidades sociales que se van generando.

El estado del bienestar español ha reaccionado aumentando su capacidad de cobertura, pero, según afirman los autores, está comparativamente muy por debajo del resto de los países a la hora de reducir la pobreza con transferencias sociales debido a las cuantías notablemente más reducidas de las prestaciones, su distribución desigual y el carácter limitado en el tiempo de muchas de ellas.

El sistema de pensiones, el sistema nacional de salud y el sistema educativo han mitigado los primeros embates de la crisis sobre la población en España. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de otras áreas de la protección social. La crisis ha impactado más intensamente entre la población en edad activa no tan solo por la inmensa pérdida de puestos de trabajo, sino también debido a la limitada capacidad protectora —en cuanto a la intensidad o el tiempo— de las políticas de protección por desempleo, de rentas mínimas, familiares y de vivienda.

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