Los imputados Matas, Rodríguez y Rotger pasarán el fin de semana por los juzgados

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, reanudará este fin de semana las declaraciones en el marco de la ramificación balear del caso Gürtel, más conocida como caso Over Marketing, y lo hará con el interrogatorio del expresidente del Govern Jaume Matas, de su cuñado y extesorero del PP balear Fernando Areal, del presidente del Parlament, Pere Rotger, y del exdelegado del Gobierno en Baleares y exconseller de Interior José María Rodríguez, todos ellos en calidad de imputados.

El magistrado dará así un paso más en el marco de la causa que recientemente estalló en torno a la presunta financiación ilegal del partido en las islas y el supuesto amaño de contratos en favor de Over durante el último mandato de Matas (2003-2007). Los investigadores apuntan a que parte del dinero público que recibió Over mediante adjudicaciones presuntamente fraudulentas habría acabado en manos del PP, cuya cúpula en aquella época debe ahora dar explicaciones ante el juez.

En concreto, tras la comparecencia de una testigo prevista este sábado a las 9.30 horas, la declaración de Rodríguez, candidato a la reelección como presidente de la Junta Local del PP de Palma, será a partir de las 10.30 el primer plato fuerte de ambas jornadas, mientras que a las 13.00 está fijada la comparecencia, también como encausado, del empresario José Ignacio Rodríguez Monasterio. Ya el domingo, a las 9.30 horas está citado Areal, a las 11.00 Matas y a las 12.30 Rotger.

En el caso de quien fuese máximo mandatario balear hace dos legislaturas, investigado por otro lado en el caso Palma Arena a raíz del enriquecimiento presuntamente ilícito del que gozó cuando era presidente, y condenado a seis años de cárcel en una de las piezas de esta causa, será interrogado en torno a sus relaciones con Over y con su administrador Daniel Mercado, principalmente en relación a la financiación de las campañas electorales del PP de 2003 y 2007, cuya creatividad asumió esta empresa publicitaria.

Y es que, tal y como confesó ante el juez el propio Mercado en lo que se refiere a la primera de estas campañas, éste pactó con el exministro bajo la presidencia de José María Aznar poder cobrar parte de los gastos en dinero negro e incluso manifestó que existía el acuerdo con Matas de que parte de los gastos electorales que se debían cobrar en B -dinero opaco al fisco- y no se cobraron, quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de contratos públicos que se le prometían.

En este contexto, Mercado explicó cómo Areal era quien establecía los pagos en dinero A y B, si bien en una ocasión fue Rodríguez quien efectuó el pago de dinero negro, en las antiguas oficinas del partido. Tal y como aseveró, el grueso de los pagos en negro los realizó el extesorero del PP, hermano de la mujer de Matas, Maite Areal, al que supuso que Matas “ya le había dado instrucciones”.

Incidiendo en el papel de Rodríguez, quien ya estuvo a punto de ser imputado en el marco de otra causa de presunta corrupción, el caso Andratx, Mercado apuntó que se trataba del dirigente que “realmente tomaba las decisiones en el PP”. Según recordó, los presupuestos que presentaba a los exaltos cargos del PP en relación con los comicios eran supervisados por Rodríguez, ya que éste tenía “una gran experiencia en costes de campañas electorales”.

Precisamente, respecto a Rodríguez, los investigadores tienen en sus manos un documento con la anotación ‘Reclamar pagos pendientes: José María Rodríguez 80.000’, lo que, según explicó Mercado, obedecía a que “este resto” se le tenía que abonar “en concepto de los servicios electorales”. “Consigné el pago para reclamárselo a Rodríguez porque entendía que en el organigrama del PP el señor Areal era un mero ejecutor, y quien tomaba realmente las decisiones era Rodríguez”, aseveró.

RODRÍGUEZ YA COMPARECIÓ ANTE LA JUSTICIA

Rodríguez, exsenador por Baleares y exsecretario general del PP en las islas, ya se vio las caras con la justicia cuando en junio de 2010 el juez Francisco José Pérez le citó como testigo en la causa de corrupción urbanística conocida como caso Andratx, para ser interrogado sobre si fue él quien alertó al exalcalde de Andratx Eugenio Hidalgo -quien cumple condena por este proceso- de que iba a ser detenido.

De hecho, tan sólo dos días antes -sábado por la mañana-, Rodríguez e Hidalgo mantuvieron varias llamadas para concretar la reunión que, por la tarde, mantendrían con Matas en la sede de la Presidencia del Govern balear, donde el expresidente insinuó al alcalde que algo iba a suceder en su Ayuntamiento y que, en ese caso, debía dimitir. Al día siguiente, domingo, Hidalgo acudió al Consistorio para destruir documentos que posteriormente fueron encontrados por la Guardia Civil en la basura.

ROTGER, IMPLICADO POR SU SUCESOR EN INCA, RAFAEL TORRES

En el caso de Pere Rotger, el juez acordó su imputación después de que el exalcalde de Inca Rafael Torres apuntara en su declaración como encausado que fue su antecesor en el cargo quien encargó a la empresa Over la realización de unas encuestas sobre la calidad de vida en el municipio mallorquín, contratación presuntamente amañada por la que la mercantil acabó percibiendo 20.300 euros (17.500 sin IVA).

En este sentido, un informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso Over y al que tuvo acceso Europa Press, revela cómo el expediente “adolece de todo rigor” al haber sido cursado como un contrato menor cuando la cantidad que le fue abonada ascendía a más de 20.000. El Instituto Armado incide así en la forma como fue supuestamente maquillada la contratación para darle forma de negociado en el que concurrieron otras empresas.

Es más, el informe hace constar que “sería difícil desvincular de un Consistorio relativamente mediano y con un presupuesto no excesivamente alto del conocimiento del alcalde-presidente Pere Rotger el contenido y aprobación [del contrato] a Over”. Asimismo, destaca el hecho de que no se opusieran a la aprobación de la factura, elevada a la Junta de Gobierno por el entonces teniente de alcalde Rafel Torres, ni la interventora municipal ni el asesor jurídico.

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