Castro acusa a Rodríguez de “atentar abiertamente contra la independencia judicial”

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha desestimado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de prohibir al exdelegado del Gobierno en Baleares y exconseller de Interior, José María Rodríguez, comunicarse con otros imputados o testigos del caso Over Marketing, medida cautelar que había solicitado el fiscal Pedro Horrach para evitar la alteración o destrucción de pruebas.

En su auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado justifica que, pese a que se trata de una medida “totalmente ajustada a derecho”, en este momento “se advierte tardía” puesto que Rodríguez “ya no detenta cargo público alguno a través del cual pudiera ejercer presión institucional que entorpeciera el curso de la instrucción y la inoportuna llamada a la testigo”, en alusión a la exdirectora general de Función Pública Maria Luisa Ginard, a quien llamó un día antes de que ésta declarase en la causa.

“La medida se advierte tardía en este momento”, asevera el juez, pese a recriminar cómo Rodríguez “traspasó claramente los límites que le impone la división de los poderes del Estado” y, aunque esta pretensión de interferir en las investigaciones no consiguió su propósito, “pretendió atentar abiertamente contra la independencia judicial”.

“Graves son estos hechos y también grave es que en los seis meses qe han transcurrido desde que los protagonizó hasta este momento no solamente no haya recapacitado admitiendo cuando menos un error de competencia”, sino que, subraya Castro, en su declaración “se haya sentido altamente orgulloso de aquellos, alegando haber actuado en cumplimiento de la legalidad al ordenar que se abriera una investigación interna”.

En su resolución, el juez recuerda cómo entre mayo y junio de este año, cuando aún ostentaba el cargo de delegado del Gobierno, convocó en diversas ocasiones a su despacho tanto al Coronel Jefe de la Guardia Civil como al mando inmediatamente inferior para exigirles -al saber que estaba siendo investigado en el marco de esta causa que se encontraba entonces bajo secreto- que le confirmaran la existencia de estas pesquisas y le rindieran cuenta de su contenido.

Todo ello, asevera Castro, “pasando por alto la dependencia funcional” que el Instituto Armado tenía respecto al Juzgado para llevar a cabo las investigaciones que se le habían ordenado y “sabedor de que estaban bajo especial sigilo”.

RODRÍGUEZ QUERÍA ESCLARECER “UNAS SUPUESTAS FILTRACIONES”

Es más, el candidato a la reelección como presidente de la Junta Local del PP de Palma les ordenó que abrieran una investigación en el seno de la Guardia Civil “con la excusa de esclarecer unas supuestas filtraciones”, lo que motivó que la Jefatura de la Comandancia, “alarmada por tal presión”, solicitara al Juzgado que las investigaciones se traspasaran a la Unidad Central Operativa, a lo que la Fiscalía se opuso.

Una petición que ya no requirió ser atendida de inmediato puesto que, tan sólo unos días después, Rodríguez presentó su dimisión como delegado del Gobierno. El magistrado recuerda además que un día antes de que Ginard declarase -este sábado-, el dirigente ‘popular’ la llamó por teléfono, conversación cuyo contenido la testigo “no desvela como insinuador a una determinada orientación en su declaración pero que le sorprendió por la banal excusa que le dio su interlocutor”.

Así las cosas, el fiscal solicitó este sábado que se le prohibiese a Rodríguez contactar con otros imputados o testigos, a lo que se opusieron tanto la Abogacía de la Comunidad Autónoma como su abogado, Santiago Rodríguez Miranda.

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