Rotger pide el archivo de su imputación ante la “ausencia de indicios de delito”

La defensa del presidente del Parlament y exalcalde de Inca, Pere Rotger, que este martes ha solicitado el archivo de la imputación del alto cargo del PP en el marco del caso Over Marketing, alega en el escrito que para ello ha presentado ante el Juzgado que la contratación de esta empresa de publicidad por el municipio ‘inquer’ -hechos por los que está encausado su patrocinado- no guarda conexión alguna con la presunta trama de financiación ilegal del partido investigada en esta causa.

Mediante un extenso escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado de Rotger, Gaspar Oliver, asevera que el hecho de que Over prestase sus servicios al Ayuntamiento de Inca, que se encuentran bajo lupa judicial por un supuesto trato de favor a esta mercantil y el presunto amaño del expediente, no obedece “a un plan preestablecido para la adjudicación de contratos públicos en beneficio” de esta empresa, sino que se trata de una contratación “puntual y episódica”.

A juicio del letrado, la contratación de Over “no puede entenderse en modo alguno como la continuación” de una trama de supuesta financiación irregular del PP, que según las pesquisas se produjo bajo el último mandato de Jaume Matas (2003-2007), ya que la misma tuvo lugar en 2008 y, según alega, responde “a la desesperada búsqueda por parte de Over de acceder a distintas entidades públicas y privadas de las islas”.

Una accesibilidad que, según precisa el abogado, “no es en modo alguno delictiva ni está incursa en una trama de financiación, sino que se incluye en una política comercial de búsqueda de clientela a la que ofrecer uyn producto, extramuros de cualquier conducta tendente a financiar al PP”, incide. De hecho, Oliver asevera que los hechos tuvieron lugar con posterioridad a que Matas gobernase la Comunidad Autónoma, cuando el expresidente “ya no se encontraba ni siquiera en la isla” sino que residía en Estados Unidos.

En lo que se refiere al contrato en sí, por el que Over acabó percibiendo 20.300 euros (17.500 sin IVA) por la realización de unas encuestas sobre la calidad de vida en Inca, la defensa de Rotger afirma que “en ningún momento se ha amañado contrato alguno”, sino que, en cualquier caso, pudieron cometerse irregularidades administrativas sin entidad penal.

Es más, el escrito, de veinte páginas de extensión, recalca que el trabajo fue útil para conocer las necesidades y preocupaciones del municipio “en un momento sensible, en los inicios de la crisis económica, previo a la realización del Plan E y, en definitiva, sirvió para mejorar la gestión municipal”. En esta misma línea, el abogado alega que el propio jefe de prensa que firmó la factura comprobó que el precio a pagar era coste de mercado.

ROTGER SE LIMITÓ “A DAR EL VISTO BUENO” A LA CONTRATACIÓN

Es por todo ello que, en este contexto, alega que no puede sostenerse “en modo alguno” que la conducta de Rotger, quien autorizó la contratación de Over, “es delictiva”, puesto que además “se limitó a dar el visto bueno” a la realización del trabajo por parte de la empresa, unos servicios cuya naturaleza delictiva, en su opinión, “brilla por su ausencia”.

Tal y como ha recordado, el propio Rotger manifestó en la declaración que este domingo prestó ante el juez instructor, José Castro, que dio el visto bueno a la realización de los trabajos por esta empresa y que delegó en el encargado del área -el actual alcalde, Rafael Torres- y el jefe de prensa su consecución, “finalizando aquí su conocimiento de los hechos y desconociendo la fecha de inicio de los trabajos”.

Las pesquisas apuntan, sin embargo, a que el expediente resultó amañado en el sentido de que se hizo una contratación de forma directa y verbal, vistiéndose posteriormente el correspondiente procedimiento administrativo negociado sin publicidad mediante la presentación de diversos presupuestos simulados. Ante esto, el abogado defiende que “se pudo realizar la adjudicación de forma directa”, sin que fuese necesaria la publicidad puesto que el expediente quedaba reducido “a la factura reglamentariamente extendida”.

Un escrito de la Fiscalía incluido en el sumario del caso señala que el precio del servicio estaba “notablemente hinchado” al haber subcontratado Over al Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Baleares (IBES), al que abonó 9.800 euros cuando del Consistorio de Inca Over Marketing recibió por este trabajo un total de 20.300 euros.

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