Europa abre un expediente a España por los cambios en las tasas aeroportuarias

La Comisión Europea ha pedido formalmente a España que clarifique cómo se han modificado las tasas aeroportuarias en los aeropuertos explotados por AENA Aeropuertos. La decisión de enviar un escrito de requerimiento ha sido tomada después de haber recibido varias denuncias en las que se alegaba que no se ha respetado la Directiva europea relativa a las tasas aeroportuarias.

Normas de la UE

La Directiva relativa a las tasas aeroportuarias, adoptada en 2009, establece unos requisitos mínimos para el cálculo de las tasas aeroportuarias y la consulta entre aeropuertos y usuarios de los aeropuertos (compañías aéreas) antes de que las modificaciones sean realizadas. La Directiva, además, obliga a los aeropuertos a proporcionar información suficiente sobre los costes para los usuarios de los aeropuertos. También se exige a los Estados miembros que establezcan una autoridad de supervisión independiente para arbitrar los conflictos sobre las tasas aeroportuarias entre los aeropuertos y las compañías aéreas y contribuir a garantizar que la Directiva se aplique correctamente.

Motivo de la presentación de una denuncia formal

La Comisión ha recibido varias denuncias de compañías aéreas y asociaciones representativas del sector de los viajes y de la aviación. Según estas denuncias, las compañías aéreas no fueron adecuadamente consultadas sobre las modificaciones de las tasas aeroportuarias que entraron en vigor en julio de 2012. Aunque las modificaciones han supuesto incrementos modestos en algunos aeropuertos pequeños, la tasa por pasajero que deben pagar las compañías aéreas en el aeropuerto de Madrid se ha duplicado. Un incremento similar se ha producido en el aeropuerto de Barcelona.

La tasa por pasajero pretende cubrir el coste que el aeropuerto asume para proporcionar las infraestructuras de la terminal al servicio de los pasajeros. El incremento de las tasas es significativo para las compañías aéreas que operan en los dos aeropuertos mencionados y podrían disuadir las compañías de operar en los estos dos aeropuertos. La Comisión, por tanto, está recogiendo más información que garantice que las modificaciones estaban justificadas sobre la base de los costes para el aeropuerto.

Además, la Comisión desea asegurarse de que España ha establecido la autoridad de supervisión independiente, tal como establece la Directiva.

Último paso de este procedimiento de infracción

Hoy, la Comisión ha remitido el escrito de requerimiento a España. El texto facilita información detallada sobre el tema e invita al Estado a presentar sus observaciones durante los próximos dos meses.

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