El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del PSIB contra la Ley de Función Pública de Bauzá

El Pleno del Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Socialista contra la reforma de la Ley de Función Pública del Govern Bauzá. Así lo ha hecho público el Tribunal Constitucional con un escrito remitido a las partes y donde acuerda trasladar el expediente al Govern y Parlament Balear, así como también al Congreso, al Senado y al Gobierno Central, para que puedan personarse en el procedimiento y presentar alegaciones en el plazo de quince días.

En la reunión del Pleno del Constitucional, celebrada el pasado 13 de noviembre, los magistrados acordaron aceptar a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por cincuenta senadores del Partido Socialista contra los apartados 1,3,5,6,7,8 y 9 del artículo único, la disposición derogatoria única y las disposiciones finales primera (apartados 1,2,4,5 y 7), segunda y tercera de la Ley 9/2012, de modificación de la ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Desde el PSIB-PSOE, la portavoz de la Ejecutiva Pilar Costa ha manifestado su satisfacción por la decisión del TC y ha dicho que es un paso más para que se reconozca finalmente la inconstitucionalidad de la ley del Govern Bauzá contra una de las lenguas cooficiales en nuestra Comunidad Autónoma, el catalán.

Costa ha afirmado que “espera que el Parlament y su presidente se posicionen a favor del recurso presentado por el Partido Socialista y defiendan la lengua catalana en contra de los ataques de Bauzá”. La portavoz socialista ha recordado que la presentación del recurso ante el Constitucional se hizo para defender “la legalidad, los derechos lingüísticos de los ciudadanos de las Islas Baleares y el consenso que hace más de 25 años que teníamos en materia lingüística y que se han roto con la llegada del Govern de Bauzá “. Para Costa, la reforma de la ley de Función Pública del PP es una estocada en el proceso normalizador ya que opta preferentemente por la lengua castellana en detrimento de la mínima consideración que exige la lengua propia y oficial de la comunidad autónoma.

El pasado mes de octubre, la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, acompañada de los senadores socialistas Francesc Antich y Antoni Manchado, presentaron ante la sede del TC este recurso de inconstitucionalidad. Este es el primer recurso que presenta el PSIB-PSOE ante el Tribunal Constitucional y lo hace después de que el PP haya ignorado las más de 12.000 alegaciones presentadas contra la reforma de la ley así como las manifestaciones de protesta, donde participaron más de 50.000 personas.

Claves del recurso de inconstitucionalidad

El recurso de inconstitucionalidad hace objeciones porque los preceptos que contiene “contradicen los imperativos de la normalización progresiva de la lengua catalana, visto que se establecen auténticas medidas de involución en el proceso de defensa, conservación y promoción de la lengua propia en el territorio de Baleares, operando de esta manera una verdadera desprotección de la lengua catalana en el ámbito administrativo y de la función pública en la medida que esta ley abra la vía para que el catalán sea una lengua subordinada y prácticamente innecesaria “.

Según el escrito del recurso, la Ley 9/2012 “comete infracciones a los artículos 3.3 de la CE y 4.3 y 35 del Estatuto de Autonomía, que establecen los principios de protección del pluralismo lingüístico y de la normalización progresiva de la lengua catalana “. También comete infracciones “en el 3.2 de la CE y el 4.1 del Estatuto, que reconocen al catalán la condición de lengua propia y oficial”, entre otros artículos.

De acuerdo con el recurso, la Ley 9/2012 es un ejemplo “de un paquete de medidas antinormalitzadores con efectos a medio y largo plazo determinarán el carácter innecesario de la lengua catalana en el ámbito institucional y administrativo”, y que además “son medidas que no responden a las prescripciones estatutarias en materia de normalización lingüística, ni un ejemplo de creación de las condiciones que permitan alcanzar la igualdad entre lenguas en lo que respecta a los derechos de los ciudadanos tal y como señalan en el artículo 4.3 y el 14.3 del Estatuto de las Islas Baleares “.

A su vez, las medidas adoptadas por la mayoría parlamentaria del Partido Popular claramente en la dirección de aminorar el uso del catalán en el ámbito institucional y administrativo, visto que los nuevos empleados públicos, de forma mayoritaria, no tendrán la obligación de conocer la lengua propia, de modo que habrá una tendencia a la castellanización a la hora de la utilización de la lengua con los administrados, pero también a la hora de los procedimientos administrativos.

Y finalmente, la Ley invade las competencias de los municipios y los consells insulares, indicandoles que no exijan el catalán para acceder a un puesto de trabajo público (con excepciones).

El recurso presentado por el Partido Socialista, en contra la modificación de la Ley de Función Pública aprobada por el Govern del PP, considera que se vulnera la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares y el Estatuto Básico del Empleado público.

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