Save the Children denuncia que la Justicia en España no garantiza los derechos de los niños

La Administración de justicia en España no está adaptada a las necesidades de los niños. A la luz de las normas internacionales de derechos humanos y de los estándares internacionales en materia de justicia e infancia, la justicia española suspende el examen sobre el respeto y garantía de los derechos de los niños y las niñas.

Los niños y las niñas necesitan acudir o se enfrentan al sistema de justicia por diferentes razones y circunstancias personales y legales. El acceso a la justicia de los niños y las niñas debería pasar por el respeto y la garantía de sus derechos, pero no siempre es así. Demasiado a menudo hay niños y niñas que se ven desprotegidos y en ocasiones expuestos a violencia, en gran parte debido al desconocimiento de los derechos de la infancia por parte de los operadores jurídicos, así como a la falta de recursos especializados y adecuados para dar respuesta a situaciones judiciales en las que intervienen niños, ya sea en condición de víctimas o testigos de un delito, como infractores de la ley, en casos de crisis matrimoniales o de desamparo o con respecto a las leyes de extranjería, entre otras situaciones.

En su informe ‘Infancia y justicia: una cuestión de derechos‘, Save the Children alerta de que en ocasiones se somete a los niños a interrogatorios, declaraciones o exploraciones repetidas e inadecuadas que les exponen a una dolorosa revictimización. Los niños no siempre son tratados de acuerdo a su edad o estado madurativo, lo que puede generar en ellos confusión, temor o incluso culpabilidad. El derecho de los niños a ser debidamente escuchados durante los procedimientos, tanto judiciales como administrativos, y en los procesos en los que participan no se garantiza suficientemente y en muchos casos no se respeta. Preocupan de manera especial las actuaciones de los profesionales en las valoraciones psicológicas de los niños y las niñas.

‘He tenido que aguantar que una jueza literalmente me llamase ‘bicho raro’ por no querer estar con mi madre […] Por petición judicial he ido a innumerables psicólogos y parecidos, y sí, te escuchan, pero luego hacen lo que les da la gana, cuando te preguntan qué quieres, en realidad les da igual, ya tienen la decisión tomada, no les influye en absoluto[…] Hace no mucho tuve un juicio y cuando pregunté si podía hablar me dijeron que no, que ya había hablado mi padre por mí […] Sé perfectamente qué es lo primero que voy a hacer al cumplir los 18, ponerme a llorar, porque será la primera vez que me podrán tomar en serio, que si quiero que me escuchen lo van a hacer, por las buenas o por las malas, no tengo por qué sentirme mal o sentir que no me escuchan, o que no importo, por que en España parece que judicialmente hablando es lo que significa […] No es que no se estén cumpliendo los derechos de los niños, pero tampoco es que se estén violando, es que sencillamente no hay, son inexistentes’. Es el testimonio de Cristina, ahora tiene 17 años

Save the Children ha recibido numerosas denuncias como la de Cristina y ha detectado prácticas y actuaciones en el ámbito judicial que suponen una negación de los derechos de los niños y pueden considerarse violencia institucional.

‘La violencia institucional es una forma de violencia contra la infancia que recoge Naciones Unidas en su Informe mundial sobre la violencia contra los niños. Violencia es cualquier daño físico, mental o emocional producido a un niño, por acción un omisión, en cualquier ámbito, también en la justicia’, explica Yolanda Román, responsable de Incidencia política de Save the Children.

Son necesarios más medios humanos, materiales y legales para atender debidamente a los niños y a las niñas en el ámbito judicial y garantizar sus derechos. En particular, urge adecuar físicamente los espacios en los juzgados donde deben realizarse las entrevistas y donde deben esperar los niños y las niñas, así como disponer del material técnico y audiovisual que permita llevar a cabo la participación del niño o la niña en los procesos sin tener que ver a su agresor ni tener que prestar declaración en una sala llena de adultos desconocidos.

Es igualmente urgente reforzar el número de fiscales especializados, jueces y personal técnico y garantizar su formación específica en derechos de infancia.

‘En el contexto económico y político actual en España, no resulta atractivo pedir una mayor inversión en Justicia, pero es urgente hacerlo. El Ministro ha anunciado una batería de reformas y medidas que afectarán profundamente al funcionamiento de la justicia en España y que no pueden olvidar a los niños, porque estarán aún más desprotegidos y maltratados’, dice Román.

Los motivos de preocupación pueden resumirse así:

– La falta de asesoramiento legal adecuado y accesible para los niños y las niñas.
– La falta de medios, tanto materiales como humanos, para abordar con todas las garantías la participación de los niños y las niñas en los procedimientos judiciales y respetar su derecho a ser escuchados.
– La falta de mecanismos de supervisión y denuncia por la actuación de los operadores jurídicos.

En su informe, Save the Children realiza una serie de recomendaciones al poder legilastivo, ejecutivo y judicial para que doten de medios suficientes al sistema de justicia de forma que se respeten y protejan los derechos de todos los niños y niñas que acuden o se ven envueltos en algún proceso judicial.

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