El Govern regulariza 1.907 plazas turísticas de Baleares en un año

El conseller de Turismo y Deportes, Carlos Delgado, ha revelado este martes que se han regularizado un total de 1.907 plazas turísticas de la comunidad durante este año, por un valor de 9,67 millones de euros.

Durante el pleno del Parlament, el responsable autonómico de Turismo ha remarcado que esta cifra “contrasta bastante” con las que se regularizaron el pasado año, cuando fueron 108 plazas, por valor de 527.870 euros.

Concretamente, se han regularizado 454 plazas en Calvià, 307 en Palma, 143 en Capdepera, 228 en Santa Margalida, diez en Andratx, 86 en Alcúdia, ocho en Estellences, 50 en Manacor, 41 en Muro, 161 en Son Servera, 98 en Sant Llorenç, 26 en Ses Salines, nueve en Sóller, 55 en s’Arenal de Llucmajor, 68 en Pollença, 133 en Santanyí y 30 en Felanitx.

Delgado ha indicado que, de éstos, ya hay algunos proyectos “en marcha” como la regeneración de la playa de Cala Agulla, así como actuaciones en Cala Millor y bahía de Alcudia, o la demolición de un hotel en el Port de Sóller. No obstante, ha remarcado que el plazo finalizará en el 2014, por lo que “se prevé que haya bastante más regularizadas a lo largo de estos años”.

En este sentido, ha señalado que este miércoles a las 10.00 horas tendrá lugar una reunión de la junta rectora del consorcio, por lo que previsiblemente “se propondrán nuevos proyectos”. Además, ha indicado que el pasado mes de junio se adoptó como criterio intentar priorizar la inversión pública en las zonas donde haya habido inversión privada.

Delgado ha explicado estas cifras con motivo de una pregunta parlamentaria formulada por la diputada ‘popular’ Lourdes Bosch, quien se ha interesado en conocer la situación actual del consorcio de la bolsa de plazas en cuanto a ingresos y gastos, después de que haya pasado un año desde que el Govern modificó las condiciones solicitadas a las empresas que legalizar las plazas.

Según ha recordado la ‘popular’, hace un año la Conselleria amplió el plazo, posibilitó el pago fraccionado hasta cuatro plazos, y se eliminó la exigencia de tener que disponer de un aval del 125% de su valor. “No se pedían imposibles, se adaptaban normas a las difíciles circunstancias para que las empresas pudiesen cumplir con los requisitos”, ha opinado.

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