El Govern no se plantea “ni a corto ni a medio plazo” la contratación de más empleados públicos

El Govern balear ha constatado la necesidad de trasladar de puesto de trabajo a unos 75 empleados públicos de los servicios generales de la Administración autonómica, de los cuales una cuarentena tendrían lugar entre las diversas consellerias de la CAIB y otros 35 sin movimiento de puesto, es decir dentro de las mismas dependencias. Entre el personal que se vería afectado por estos movimientos no se incluye ni al docente ni al estatutario.

Así se desprende de la auditoria técnica de recursos humanos en los servicios generales de la comunidad, que ha sido presentada esta mañana por el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, quien ha estado acompañado del conseller de Administraciones Públicas, Simón Gornés, y la directora general de Función Pública, Nuria Riera.

Así, Gornés ha descartado que se vayan a producir nuevos despidos en los servicios generales, aunque tampoco se plantean “ni a corto ni a medio plazo” la contratación de más empleados públicos en las Islas Baleares.

Por su parte, el president ha remarcado la apuesta “muy clara” de su gobierno por reformar la administración pública “para eliminar lo improductivo y lo ineficaz”, algo que, según ha dicho, se está consiguiendo en el año y medio de legislatura.

Se trata de la primera auditoria técnica de Recursos Humanos realizada a nivel nacional, que se ha llevado a cabo en doce meses de trabajo con la aportación de una docena de técnicos propios de la administración y el 70 por ciento de los empleados públicos que han participado en las elaboración de este documento, ha precisado Riera.

Con todo, el conseller ha explicado que, a partir de ahora, se espera contar con la colaboración de los sindicatos para “redistribuir mejor al personal y las cargas de trabajo”, a fin de mejorar el servicio que realizan los funcionarios.

En este sentido, ha precisado que donde más falta de personal se ha detectado han sido en los servicios administrativos de los Servicios Sociales, en el SOIB y en la nueva central de contratación de compra creada por este Ejecutivo, que son los departamentos con “mayor carencia de personal técnico y administrativo”.

De este modo, el objetivo de la auditoria es poner de relieve los desequilibrios y, por lo tanto, servirá para adecuar las plantillas a las necesidades de cada servicio aplicando las medidas correctoras necesarias para lograrlo, ha señalado el conseller de Administraciones Públicas.

En este contexto, Gornés se ha referido a la reducción de empleados públicos en los servicios generales, al pasar de 4.908 en julio de 2011 a los 4.465 de julio de 2012, lo que representa un descenso en le numero de funcionarios del 9%. En el caso de las empresas públicas del Govern, las plantillas se han visto reducidas en torno al 20%.

En este mismo sentido de optimización de los recursos públicos, Bauzá ha indicado que la reforma de la administración pública que se está llevando a cabo en la CCAA va a suponer una disminución de en torno a los 26 millones de euros en altos cargos públicos.

ENTREVISTAS Y ENCUESTAS ENTRE LOS FUNCIONARIOS

Así, el titular de Administraciones Públicas ha explicado que la auditoria técnica se ha hecho en dos fases: Una fase de encuestas y una de entrevistas personales entre los empleados de los servicios generales, en las que han podido auto evaluar su lugar de trabajo. La han respondido el 70% de los trabajadores, 2.727 de los 3.883 a los cuales iba dirigido (funcionarios de carrera, interinos y personal laboral).

Posteriormente, se hizo una entrevista con la práctica totalidad de directivos o responsables de cada área por analizar el funcionamiento de cada departamento.

Entre las propuestas de mejora, destaca que los responsables piensan, en el 66% de los casos, que es imprescindible mejorar la organización y la coordinación de los recursos, así como la planificación y el impulso de la tramitación electrónica. Así, un 35% proponen que se incluya la flexibilidad en la descripción de las funciones además de la movilidad del personal y finalmente el 19% de las opiniones apuntan a la necesidad de aumentar la productividad y la evaluación de su cumplimiento.

Por último, el conseller ha incidido en que, a partir de este momento, se abro un proceso de negociación con los sindicatos por definir un nuevo modelo en la Administración.

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