La Audiencia condena a cinco años de prisión al exgerente de Bitel

La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a cinco años de prisión y a quince años de inhabilitación a Damià Vidal, gerente de Baleares Informática Balear (Bitel) durante el último mandato de Jaume Matas, por haber urdido una trama dirigida a apoderarse de ingentes cantidades de los fondos públicos de los que tenía poder cuando estaba al frente de la empresa, aprovechando para ello la falta total y absoluta de controles administrativos y financieros.

En concreto, el tribunal de la Sección Segunda le considera autor responsable de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, prevaricación y cohecho, si bien con las atenuantes de reparación parcial del daño y de dilaciones. La Fiscalía Anticorrupción solicitaba 12 años de prisión para el exalto cargo del PP, quien deberá además abonar 565.961 euros en concepto de responsabilidad civil.

Junto al exgerente, para quien el Ministerio Público rebajó en dos años su petición de condena, también han sido condenados a seis meses de cárcel los ingenieros informáticos Iván Guardia y Ramón de la Iglesia -exdirigente de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP-, y al pago de una multa de 5.400 euros al exsecretario de la empresa pública Sebastián Romaguera. Mientras tanto, ha sido absuelto el exjefe financiero de la empresa, Miquel Simonet, para quien las acusaciones retiraron los cargos que le imputaban.

Y es que en su sentencia, el tribunal inicia su relato de los hechos declarando probado que Vidal se benefició de incrementos de nómina injustificados y no autorizados, con una retribución anual de 45.000 euros más 2.500 euros como plus de dedicación exclusiva, con el objetivo de lucrarse “indebida y personalmente”. “Entre las facultades del director gerente no estaban el autoaumentarse sus retribuciones, ni concederse anticipos ni préstamos”, expone la resolución.

Es más, Vidal efectuó en provecho propio cargos de compras y servicios particulares en la tarjeta de crédito de Bitel, gastos no autorizados que “nada tenían que ver con el fin por la que fue entregada la tarjeta”, al tiempo que realizó transferencias bancarias no autorizadas e hizo suyos, mediante el ingreso en su cuenta corriente, 36.000 euros, a través de dos transferencias bancarias de la cuenta de la empresa pública.

Según la sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Eduardo Calderón, el acusado, para dar cobertura a estas actuaciones irregulares, contabilizó falsos adelantos a varias revistas y adquirió la mercantil Hélix Infocom como sociedad ‘tapadera’ para desviar fondos y hacerlos propios, simulando los procedimientos de contratación.

Así, Vidal y Romaguera, con el ánimo de ocultar su participación en esta sociedad que se dedicaría con carácter exclusivo a contratar con Bitel, adquirieron el cien por cien de las participaciones, sin que el exgerente figurase en esta compra al poner como testaferro a Romaguera. Las formalidades de la contratación administrativa fueron sorteadas, según el tribunal, mediante la simulación de entrega de presupuestos distintos por Hélix, Iván Guardia y Auditoría Informática Balear, “aparentando ser empresas distintas cuando en realidad todas ellas o eran lo mismo o se concertaban para ello”.

Así, se calcula que la suma de cantidades abonadas a Hélix no correspondientes a trabajos realizados o por servicios “absolutamente innecesarios” asciende a 197.372 euros.

De forma paralela, Vidal simuló procedimientos administrativos de contratación para beneficiar a determinados particulares y mercantiles y obtener así un beneficio propio cobrando comisiones por las adjudicaciones. Para conseguir sus fines, se concertó con los acusados De la Iglesia y Guardia al objeto de que éstos se hicieran con los contratos de Bitel, en este caso relativos a servicios de protección de datos, percibiendo a cambio comisiones de entre el 16,5 y el 22,5 por ciento.

En lo que a las atenuantes se refiere, el tribunal considera “una quimera e inaceptable” el hecho de que, habiendo consignado Vidal 100.000 euros una vez concluida la fase probatoria del juicio y devuelto 12.266 euros cuando cesó como gerente, el abogado pretendiese que “apreciemos la concurrencia de, no una, sino dos atenuantes y además ambas como muy cualificadas”. De este modo, se limita a apreciar la reparación del parcial del daño y la de dilaciones.

EL ALEGADO TRASTORNO BIPOLAR DE VIDAL, NO ACREDITADO POR LA SALA

Es más, la Sala no entiende acreditado el presupuesto para apreciar la eximente por anomalía o alteración psíquica, después de que, durante la vista oral, un psiquiatra achacase la actuación del exgerente a un trastorno bipolar y a un estado de hipomanía -caracterizado por una euforia constante-, si bien otro especialista atribuyó el comportamiento del acusado a su personalidad “obsesiva y narcisista”.

Al respecto, el ponente se muestra tajante cuando asevera que “francamente resulta incomprensible que de ese posible y no acreditado trastorno bipolar no se hubiera detectado síntoma alguno del mismo en cuatro años por quienes le trataron”, y asevera que si el psiquiatra, cuya explicación “no deja de ser sorprendente”, llegó a su diagnóstico por lo que le iba contando su cliente (que era sabedor de las graves imputaciones penales que sobre él pesaban), tal diagnóstico carece de la más mínima base objetiva”.

El primero de los especialistas llegó a exponer en el juicio que a lo largo de los años en que fue gerente Vidal desarrolló una actividad mental frenética fruto de la cual “escribió libros, tradujo sentencias medievales del latín y creó un blog de filosofía que decía que era el mejor del mundo”. Es más, Vidal llegó a decirle que “estaba arrepentido de lo sucedido” al frente de Bitel y que quería “crear un nuevo prototipo de submarino para restituir su imagen”.

“BITEL SIEMPRE EXISTIÓ PARA DESARROLLAR UNA FUNCIÓN PÚBLICA”

De forma paralela, la Sala rebate en su resolución los argumentos ofrecidos en torno a los hechos por la defensa de Vidal, en el sentido de que Bitel “nada tiene que ver con la función pública y que no fue constituida como medio propio de la Administración”, a lo que el tribunal responde, en base al Decreto por el que se aprobaron sus estatutos sociales, que “el hecho determinante es que desde sus principios en el año 1994 Bitel nace en el seno de la Administración autonómica”.

“Bitel siempre existió para desarrollar una concreta función pública en el ámbito telemático de la Comunidad Autónoma”, incide la sentencia en sus fundamentos de derecho, recalcando por tanto que mientras Vidal desempeñó el cargo de gerente era funcionario público, lo que “a efectos penales no nos ofrece la más mínima duda”. Así, la resolución asevera que lo que manejaba Bitel eran fondos o caudales públicos, lo que “tampoco nos ofrece duda”.

CONFESIÓN DE LOS HECHOS POR LOS DEMÁS ACUSADOS

En el caso del resto de acusados, el tribunal recuerda cómo Romaguera reconoció “toda la trama urdida” para constituir Hélix Infocom y que Vidal fue quien adjudicó a esa entidad numerosos contratos, previa simulación de distintos presupuestos, añadiendo que Simonet “era un mandado sin iniciativa alguna”. Finalmente, De la Iglesia y Guardia también reconocieron los hechos de los que se les acusaba.

Se da la circunstancia de que Vidal, cuyo juicio fue uno de los primeros que se celebraron por las irregularidades cometidas al frente de distintos organismos públicos con Matas como presidente del Govern, fue perito de la defensa en el primer sumario del caso Bitel, que indagaba si desde la Secretaría de Matas en su primer mandato fue espiado el correo electrónico del entonces presidente de la Comisión Insular de Urbanismo, el socialista Francesc Quetglas.

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