A Urdangarin se le acaba el plazo para presentar alegaciones contra la fianza civil de 8,2 millones

El plazo para la presentación de alegaciones contra la fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, su exsocio Diego Torres y las empresas administradas por ambos, concluirá este lunes, jornada a partir de la cual el juez instructor del caso Nóos decidirá si acuerda imponer esta medida cautelar y, en ese caso, en qué cuantía.

Se trata de una caución que ambas acusaciones solicitaron el pasado mes de noviembre y a la que, en caso de ser finalmente decretada por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, deberán hacer frente de forma conjunta y solidaria ambos imputados, lo que significa que cada uno podrá abonar de forma desigual su parte, o que sólo uno de ellos haga frente a la cantidad global, siempre que se asegure que serán depositados los 8,2 millones.

En concreto, las mercantiles a las que la Fiscalía extiende su petición son Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la Infanta es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de la causa junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Govern balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.

Sin embargo, ni Urdangarin ni Torres serán los únicos para quienes el Ministerio contempla solicitar fianza, puesto que será más adelante cuando, previsiblemente, reclamen una nueva caución para otros imputados de la causa, a razón de su intervención en este entramado societario, tal y como señalaron fuentes de la investigación a Europa Press.

Tanto la Fiscalía como Manos Limpias plantean como petición alternativa una fianza civil de 5,9 millones de euros de los que presuntamente se apropiaron los encausados a través de esta trama, para el caso de que el juez Castro no estimase la primera de las peticiones. Por su parte, la Abogacía de la Comunidad Autónoma, acusación particular en este proceso, no ha presentado ninguna solicitud en este sentido.

Las acusaciones desglosan su petición de fianza en los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 1.044.000 millones de cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y los 382.000 euros que percibió Nóos de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar.

Asimismo, se incluyen los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears – Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears, y 2,1 millones de multa que por Ley deben exigirse (un tercio de la cantidad global solicitada).

En su escrito de responsabilidad civil, la Fiscalía apuntaba a “una conciencia irrefutable de las desviaciones de poder” en la actuación de las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana única y exclusivamente para beneficiar al Instituto Nóos.

Y es que, tal y como aseveraba respecto a las actuaciones investigadas, “el ejercicio arbitrario del poder es un elemento decisivo de la actuación prevaricadora”, recalcando que los convenios de colaboración suscritos entre ambas Comunidades y Nóos son “fruto de una actividad delictiva predeterminada” así como, incidía, de decisiones adoptadas mediante “un ejercicio abusivo de poder”.

Todo ello, afirmaba el fiscal, con la única finalidad de “beneficiar a una determinada entidad”, en alusión a Nóos, “al margen de cualquier consideración de utilidad o necesidad pública”. Unas consideraciones tras las cuales el escrito incluía un extenso desglose de todas las facturas emitidas en torno a la contratación de los distintos eventos por los que cobró el Instituto.

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