A la Sindicatura no le consta que se haga un seguimiento de la enseñanza concertada

La Sindicatura de Cuentas ha detectado que durante el curso 2010-11, 15 profesores de Baleares cobraban nóminas simultáneamente de un centro público y otro concertado, mientras que había 58 docentes que trabajaban en dos centros concertados sobrepasando las 24 horas lectivas semanales.

Así lo pone de manifiesto el ‘Informe específico sobre la gestión de los concertados educativos vigentes durante el curso escolar 2010-11’ que la Sindicatura de Cuentas ha presentado al Parlament, tras seleccionar una muestra de 66 profesores de los 3.750 docentes de la concertada.

Este estudio, que recuerda que Baleares cuenta con 117 centros educativos (107 de educación general y 6 de educación especial), pone de manifiesto que los expedientes personales de los profesores que integran la muestra no contienen toda la documentación que permita acreditar su capacidad académica.

Además, revela que la Conselleria de Educación no dispone de la información relativa al horario de 16 profesores de los 66 que integran la muestra. De los 50 restantes, sólo 11 coinciden las horas lectivas declaradas con las que figuran en sus nóminas.

Por otro lado, refleja que la Conselleria de Educación lleva un retraso “considerable” en el abono de las pagas extraordinarias de antigüedad, de manera que cuando se realizó la fiscalización, había 178 pagas extraordinarias pendientes de pago correspondientes al IV convenio colectivo y 220 referidas al V convenio colectivo.

La Sindicatura de Cuentas también critica que la Conselleria, que destinó 128,4 millones de euros a la plantilla de personal docente durante el curso 2010-11, no lleva a cabo un “control efectivo” de la justificación del módulo de otros gastos presentada por los centros.

Así, constata que los gastos realizados en el funcionamiento de las unidades concertadas en todos los centros que han sido analizados “exceden los ingresos recibidos, en su mayor parte, con déficits significativos”.

Al mismo tiempo, reprueba que la Conselleria no ejerce “ninguna actuación administrativa” respecto a las solicitudes de autorización de precios de los servicios complementarios y “se limita a dejar que queden aprobadas por silencio administrativo”.

Por otra parte, censura que en ocho de los centros que integran la muestra, se imparten actividades extraescolares con contenidos que pueden encontrarse incluidos en la programación docente del curso, lo que incumple el Real Decreto 1694/1995.

Además, en la fiscalización efectuada, “no consta” que desde la Conselleria se lleve a cabo un seguimiento de las obligaciones que deben cumplir los centros concertados derivados de la formalización del concierto, de manera “continuada y estructurada, mediante revisiones periódicas en todos los centros”.

El informe también señala que la Conselleria de Educación “no motiva” las resoluciones que determinan los ratios mínimos de alumnos/profesor por unidad escolar para los centros privados concertados, ni la concertación de centros educativos por debajo de los ratios mínimos fijados.

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