jueves. 28.03.2024

Tras Un año del cese de operaciones de Spanair, deja tras la quiebra una herencia de unos 300.000 pasajeros con billete en mano y en paro a 2.597 trabajadores.

El cese abrupto de operaciones de la aerolínea se produjo después de que la Generalitat decidiera poner fin a su apoyo financiero --unos 135,5 millones de euros de inversión, según cifras del Govern catalán-- y tras la ruptura de negociaciones con Qatar Airways, compañía que tenía más posibilidades de convertirse en su socio industrial con una inyección de 150 millones, aunque previamente Spanair también cortejó a Ethiads, Emirates, Turkish Airlines y al grupo chino HNA.

Según han explicado a Europa Press fuentes sindicales, tan sólo se han producido una cincuentena de recolocaciones en Qatar Airways, Emirates, otras compañías del Golfo Pérsico y sureste asiático, Vueling y Volotea en el caso de los tripulantes de cabina (TCP), mientras que unos 300 pilotos han encontrado empleo, pero fuera de España.

Han asegurado que estas recolocaciones se han producido por las gestiones propias de los empleados y no en el marco de la comisión creada por el Gobierno catalán y que mantenía contactos con 28 aerolíneas para ofrecer una alternativa a la plantilla.

"Más que una comisión de recolocaciones ha sido una comisión de voluntades incumplidas", han lamentado, y han señalado que los trabajadores tampoco han cobrado las indemnizaciones --20 días de salario por año trabajado con un tope de 12 mensualidades a través del Fondo de Garantía Salarial-- pese a que se preveía que el pago se iniciase en abril de 2012, y han apuntado que tan solo han percibido las nóminas pendientes de enero y febrero del año pasado.

El abogado y portavoz de la asociación de afectados por el cese de operaciones de Spanair, Cándido Conde-Pumpido Varela, ha explicado a Europa Press que la cifra total de afectados por la quiebra de la compañía aérea asciende a 300.000 pasajeros, de los que 50.000 han comunicado sus créditos al concurso y de éstos han sido eliminados 20.000, que corresponden a los que han podido recuperar su dinero por haber pagado sus vuelos con tarjeta de crédito.

INFORME CONCURSAL.

La administración concursal de Spanair, formada por Grupo Gispert Abogados y Economistas y Pricewaterhousecoopers Asesores de Negocios, valoraron las deudas concursales de la desaparecida Spanair en 508.654.113,85 euros en el informe provisional presentado el 31 de julio de 2012, una cifra que supera los 474 millones de pasivo declarados por la compañía cuando presentó concurso voluntario de acreedores el 30 de enero del año pasado, tres días después de su quiebra.

Los activos de la sociedad están valorados en 53.887.310 euros, y los créditos generados desde el inicio del procedimiento alcanzan los 78.810.002,58 euros, de los que la partida más importante son las indemnizaciones por despido de personal, una cifra que asciende a 76.200.864,10 euros.

Según han indicado a Europa Press fuentes judiciales, se han vendido algunos activos de Spanair, y todavía está activo el proceso de impugnaciones de los créditos --se han recibido 24 y quedan por resolver nueve--, y fuentes cercanas al proceso han sostenido que se prevé que la administración concursal presente su informe definitivo en Semana Santa, que será cuando se abra la fase de liquidación, retrasando así un proceso que se preveía cerrar a finales de 2012.

Desde los sindicatos, han apuntado que algunos trabajadores se han unido en grupos para presentar impugnaciones, y Conde-Pumpido ha señalado que se han recuperado cerca de 12 millones en concepto de billetes no reembolsados y que la administración concursal reclamará a las agencias de viajes los quince que quedan pendientes.

Se ha mostrado escéptico sobre las posibilidades de que los pasajeros y los trabajadores puedan recuperar su dinero, ha augurado que las deudas de la aerolínea volverán a subir en el informe definitivo y ha insistido en que el concurso se declare culpable para que los afectados puedan cobrar.

Spanair, que se fundó en 1986 y que desde 2003 formaba parte de Star Alliance, recibió 135,5 millones de la Generalitat, y el Ayuntamiento de Barcelona admitió que sus aportaciones ascendieron a los 50 millones.

Un año después de su cierre los trabajadores de Spanair siguen sin cobrar