Agentes de la Policía Nacional han procedido al desmantelamiento y desarticulación de una red organizada dedicada a la comisión de delitos directamente relacionados con la facilitación de contratos falsos de trabajo para recibir prestaciones fraudulentas del Ministerio de Trabajo, consecución de permisos de residencia por arraigo o renovación de estos permisos.
Desde hace tiempo se vienen investigando una serie de empresas “virtuales o ficticias” que en su día se establecieron con la única finalidad de obtener pingues beneficios por parte de los constituyentes de las mismas a través del pago que hacen los “trabajadores” a éstos para conseguir también beneficios consistentes en la obtención de permisos de residencia a los que no tienen derecho o beneficios económicos provenientes de fondos públicos, como son las distintas prestaciones económicas que realmente nunca han generado.
La actividad del grupo delictivo consistía en la creación de empresas ficticias o carentes de cualquier actividad, se contrataban a trabajadores que pagaban unas cantidades económicas entre 600 € y 2.500€, calculando que el lucro obtenido por los responsables se elevaría por encima de los 180.000 euros, a cambio obtenían un contrato de trabajo falso, contrato que servía para más adelante, en unos casos, cobrar prestaciones, en otros renovar el permiso de residencia – puesto que para ello es necesario tener un contrato de trabajo- y en otros casos obtener un primer permiso de residencia por arraigo, para lo cual también es necesario un contrato de trabajo.
En esta operación se ha procedido a la detención de 30 personas, de distintas nacionalidades, estando entre los mismos uno de los cabecillas de la red, tratándose de un “empresario” de Bendinat, dándose la circunstancia que una de las trabajadoras de la empresa ficticia investigada en realidad trabajaba como empleada del hogar en la casa del empresario. En el marco de la operación se ha intervenido numerosa documentación falsa tales como contratos falsos, nóminas, etc...
El empresario de la construcción detenido en colaboración con otras personas, dieron de alta en su empresa a más 70 trabajadores acumulando una deuda en la Seguridad Social que ronda los 300.000 euros. Los investigadores calculan, que el dinero cobrado fraudulentamente por prestaciones por desempleo asciende a 177.616,29 euros y en prestaciones por maternidad asciende a 53.841,35 euros.
La operación que ha sido realizada por el Grupo 1º de la UCRIF, de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, sigue abierta a la espera de la localización de los demás “trabajadores” beneficiarios de derechos y subvenciones que no les corresponden, no descartándose nuevas detenciones.
