La agencia de viajes investigada por falsificar certificados de residente no sabe de qué se le acusa

Manuela Fernández, letrada de las propietarias de la agencia de viajes Mon Blau, S.L., investigada por la Guardia Civil por falsificar certificados de residente, ha señalado que desconoce la documentación en que se pudieran basar las imputaciones de casi 4.000 personas en España por la citada falsificación, con el fin de obtener la bonificación correspondiente en la compra de billetes de avión.

En un comunicado, la abogada ha revelado que tan sólo ha tenido conocimiento por parte de cuatro clientes de la citada agencia de que la Guardia Civil les ha telefoneado “siendo todos ellos residentes en Baleares desde hace muchos años”.

“En este momento no tenemos nada más que decir, ya no tenemos noticia alguna ni ninguna información más de la instrucción del procedimiento”, después que el pasado mes de julio de 2012, sus clientas fueran detenidas y, posteriormente, prestaron declaración ante la Guardia Civil y quedaron en libertad. Al mismo tiempo, ha indicado que sus oficinas fueron registradas.

Cabe recordar que la Unidad Orgánica de Policía Judicial de las Islas Baleares está llevando a cabo la investigación de la denominada ‘Operación Resident’.

De este modo, fuentes cercanas a la investigación han señalado que los hechos se detectan a mediados del pasado año 2012 cuando se detuvo a dos personas que regentaban unas agencias de viajes. A raíz de las mismas, se pudo constatar que habría un “gran número” de certificados falsificados utilizados “por clientes que no habían estado nunca empadronados como residentes en Baleares, para así poder obtener el descuento del 50 por ciento del precio del billete” de avión.

Una vez concluida la fase de investigación, a principios de este mes de febrero se ha comenzado la explotación de la citada operación en todo el territorio nacional, es decir, a llevar a cabo las detenciones correspondientes.

Además, la instrucción de diligencias están tuteladas por los Juzgados de Manacor y el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de esta localidad mallorquina.

En el transcurso de la investigaciones realizadas se han logrado detectar “un gran número de falsificaciones”, lo que llevaría a cabo la imputación de alrededor de 4.000 personas dispersas por toda la geografía española.

Del mismo modo, las citadas fuentes han comunicado que el montante económico defraudado por este sistema de falsificación de certificados de residente ascendería a “varios millones de euros”.

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