23 detenidos en Palma por contratar ficticiamente a más de 100 personas

Agentes de la Policía Nacional de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, U.C.R.I.F, Grupo 1º en colaboración con funcionarios de la Unidad Especializada de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se ha procedido al desmantelamiento y desarticulación de una red organizada dedicada a la comisión de delitos directamente relacionados con la facilitación de contratos falsos de trabajo para recibir prestaciones fraudulentas del Ministerio de Trabajo, consecución de permisos de residencia por arraigo o renovación de estos permisos.

La operación policial, denominada “gema”, comenzó hace tres meses a través de los diferentes controles de la Inspección de Trabajo donde se detectaron determinadas irregularidades que fueron puestas en conocimiento de la U.C.R.I.F. que inició las investigaciones pertinentes. La actividad del grupo delictivo consistía en la creación de empresas ficticias o carentes de cualquier actividad, se contrataba a trabajadores que pagaban unas cantidades económicas que oscilaban entre los 600 € y 2.500€. Los funcionarios calculan que el lucro obtenido por los responsables del grupo delictivo se elevaría por encima de los 150.000 euros, a cambio, los “trabajadores” obtenían un contrato de trabajo falso, contrato que servía para más adelante, en unos casos, cobrar prestaciones, en otros renovar el permiso de residencia, ya que para ello es necesario tener un contrato de trabajo, y en otros casos obtener un primer permiso de residencia por arraigo, para lo cual también es necesario un contrato de trabajo.

En esta operación se ha procedido a la detención de 23 personas de distintas nacionalidades, además, en el marco de la operación se ha intervenido numerosa documentación falsa tales como contratos falsos, nóminas, etc…

El grupo delictivo que estaba dirigido por un empresario de la construcción en colaboración con el responsable de una gestoria de Palma, dio de alta a 105 trabajadores en la empresa ficticia, acumulando una deuda en la Seguridad Social que asciende a 475.357,97 €. Los investigadores calculan que el dinero cobrado fraudulentamente por prestaciones por desempleo asciende a más de 223.882,73 euros y por maternidad 13.511,26 € , siendo este dinero reclamado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el servicio Estatal de Empleo Publico a los detenidos que cobraron las prestaciones indebidamente.

Con ésta nueva operación son ya tres las practicadas en los últimos meses por hechos similares, dándose la circunstancia que en dos de ellas aparece como responsable de las “empresas” la misma persona, ascendiendo el montante del dinero defraudado a más de 800.000 euros.

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