EL TSJIB multa al alcalde de Campos por no hacer cumplir la sentencia de Ses Covetes

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha impuesto una multa de 1.500 euros al alcalde de Campos, Sebastià Sagreras, por un comportamiento que “se resume en no hacer nada y callárselo”, en relación con la demora en la ejecución de la sentencia que ordenaba la demolición del complejo residencial levantado en la zona de Ses Covetes y que se restituyese por tanto la situación de los terrenos a como se encontraban antes de 1992, al inicio de las obras de construcción.

En un contundente auto, dictado por la Sala Contencioso-Administrativo de la máxima instancia judicial de las islas, el tribunal se muestra tajante al recalcar que, “lamentablemente, no es la primera vez que esta Sala tiene que decir que la protección de la legalidad urbanística constituye el verdadero Talón de Aquiles del sistema urbanístico”.

“Los pretextos, excusas y disculpas para evitar la ejecución de las sentencias en materia urbanística son tantos como se pueda imaginar; y todas esas excusas se enderezan al único propósito de perpetuar el hecho consumado, para el caso la urbanización ilegal de Ses Covetes”, asevera el tribunal, que impone dos multas coercitivas de 500 y 1.000 euros para el primer edil de Campos.

En sus razonamientos jurídicos, la Sala recuerda cómo por sentencia firme se restablecía la legalidad urbanística en la zona de Ses Covetes y, en consecuencia, daba lugar a la íntegra demolición de la urbanización ilegal y a la “completa restitución” de los terrenos a su estado natural, que, advierte, “tiene que llevarse a cabo, desde luego, con la máxima transparencia y, como es lógico, la Sala no puede permitir que la ejecución de esa sentencia se vea indebidamente obstaculizada o interferida, por ejemplo, mediante incumplimientos disimulados”.

De no ser así, apostilla la resolución judicial, es decir, si la Sala permite la inejecución de la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Campos a la demolición de la urbanización ilegal, la propia Sala “estaría favoreciendo el declive del Estado de Derecho al garantizar una modalidad de impunidad del poder, concretado en que las Administraciones públicas no cumplen las sentencias urbanísticas que les obligan a deshacer lo mal hecho”.

El tribunal, presidido por el magistrado Gabriel Fiol, recalca cómo desde octubre de 2008 el Consistorio tenía la obligación, primero, de demoler la urbanización y, segundo, de restituir los terrenos a su estado natural, sin que en todos estos años la Corporación local haya designado un responsable municipal de la ejecución de la sentencia “ni ha dado un paso para ejecutarla ni tampoco ha comunicado a la Sala que existiera uno u otro impedimento jurídicamente admisible para llevar a cabo la demolición”.

“El silencio delata al Ayuntamiento de Campos”, incide la resolución, que añade además que desde que la alcaldía está ocupada por Sagreras -11 de julio de 2011-, el primer edil desde entonces “tampoco nunca comunicó a esta Sala que hasta ese momento nada se había hecho para cumplir la sentencia y, por su puesto, él tampoco ha hecho nada para cumplirla, por lo menos, entre el 11 de julio de 2011 y el 13 de noviembre de 2012”.

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