El TSJIB impone otra multa al alcalde de Campos por Ses Covetes

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha impuesto una multa de 1.500 euros al alcalde de Campos, Sebastià Sagreras, que se suma a las ya acordadas de 500 y 1.000 euros, con el fin de “excitar el celo” del primer edil en aras de cumplir la sentencia que ordenaba la demolición del complejo residencial levantado en la zona de Ses Covetes, toda vez que no descarta otras medidas dirigidas a que el derribo sea finalmente ejecutado.

Mediante un nuevo auto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del máximo órgano judicial de las islas insiste en esta vía con el objetivo, apunta en sus fundamentos jurídicos, de que la ejecución de la sentencia “recupere el pulso” y se restituya, por tanto, la situación de los terrenos a como se encontraban antes de 1992, al inicio de las obras de construcción.

Es más, en la resolución, el tribunal no descarta adoptar otras medidas “necesarias para que se cumpla el deber -y propósito- de la Sala, de que las obras se inicien cuanto antes y no se detengan nunca hasta que finalicen”. No obstante, la Sala apostilla que, “como es natural, el tiempo corre y el inicio de las obras no parece ahora mismo probable antes de la fecha más lejana prevista”, el 14 de marzo de 2013, fecha tope fijada para la demolición.

Es por ello que, según prosigue la resolución judicial, la finalización de las obras en su conjunto es “todavía más incierta”, con lo que “parece necesario que la Sala considere en adelante qué otras medidas han de ser necesarias” para que se ejecuten los trabajos.

El tribunal apunta que esta situación, “tan indeseada como inaceptable, no ha variado con el paso del tiempo” sino que, “sin que ni siquiera se nos hubiera consultado previamente al respecto, el señor Sagreras inició por su cuenta actuaciones que desembocaron en un nuevo proyecto de demolición, que parece ser que en estos momentos es el que el Ayuntamiento de Campos quiere que se lleve a cabo”. Un proyecto que la Sala considera, “desde luego, extemporáneo”.

El tribunal asevera además que la multa impuesta en esta ocasión “tiene que ser más elevada” que las anteriores ante “la tenaz resistencia al debido cumplimiento por la vía de los incumplimientos disimulados”.

EL COMPORTAMIENTO DEL ALCALDE: “NO HACER NADA Y CALLÁRSELO”

En el auto por el que la Audiencia impuso al primer edil las anteriores multas, el tribunal hizo alusión a un comportamiento que “se resume en no hacer nada y callárselo”, en relación con la demora en la ejecución de la sentencia que ordenaba la demolición, y se mostró tajante al recalcar que, “lamentablemente, no es la primera vez que esta Sala tiene que decir que la protección de la legalidad urbanística constituye el verdadero Talón de Aquiles del sistema urbanístico”.

“Los pretextos, excusas y disculpas para evitar la ejecución de las sentencias en materia urbanística son tantos como se pueda imaginar; y todas esas excusas se enderezan al único propósito de perpetuar el hecho consumado, para el caso la urbanización ilegal de Ses Covetes”, aseveraba la Sala.

En sus razonamientos jurídicos, la Sala recordaba cómo por sentencia firme se restablecía la legalidad urbanística en la zona de Ses Covetes y, en consecuencia, daba lugar a la íntegra demolición de la urbanización ilegal y a la “completa restitución” de los terrenos a su estado natural, que, advierte, “tiene que llevarse a cabo, desde luego, con la máxima transparencia y, como es lógico, la Sala no puede permitir que la ejecución de esa sentencia se vea indebidamente obstaculizada o interferida, por ejemplo, mediante incumplimientos disimulados”.

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