El Govern se las verá con el Constitucional por su impuesto sobre los envases

Representantes de la distribución comercial, la industria alimentaria y de bebidas, la hostelería y el reciclaje se han unido este viernes para rechazar el nuevo impuesto sobre envases y han avanzado que intentarán evitar su aprobación o recurrirán al Tribunal Constitucional para conseguir su derogación, ya que ven indicios de inconstitucionalidad, así como a las autoridades europeas, al considerar que es “claramente incompatible” con la legislación actual.

En una rueda de prensa en la que han participado representantes de entidades de ámbito local y nacional de los sectores afectados por el impuesto, el director general de Aces, Aurelio del Pino, ha destacado que este tributo “rompe con la armonización” nacional y europea en materia de envases, por lo que, de aplicarse, Baleares verá afectada su competitividad, lo que se traduciría en pérdidas de inversión y empleo.

“Los argumentos los tenemos y estamos dispuestos a llegar hasta el final”, ha advertido Del Pino, que ha argumentado la “total oposición empresarial a este impuesto” por el hecho de que añadirá costes indirectos a las empresas y “distorsionará el funcionamiento del comercio mediante mecanismos endiablados de gestión que encarecerán los costes de administración”.

En esa línea, ha detallado que el impuesto obligará a modificar las referencias de más de 7.000 productos para controlar el tamaño del envase -en aras de aplicar la tasa-, lo que supondrá “auténticos problemas de gestión”.

Por su parte, el director general de Asedas, Ignacio García, ha criticado que el Govern “haya buscado primero la cantidad que deseaba recaudar y después, el lugar de donde sacarla”, lo que a su parecer ha supuesto un “ataque injustificado” al sector comercial, que además podría asentar precedentes para el futuro.

“Está injustificado desde el punto de vista medioambiental y es muy desproporcionado en cuanto a sus cuantías”, ha manifestado García, que ha alertado de que esta tasa no contempla el valor del contenido, por lo que introduce una mayor carga fiscal a productos económicos, de primera necesidad y de consumo frecuente.

El director de Asedas ha explicado que el coste de la aplicación de este impuesto sobre un envase de leche será superior al del IVA, así como que “el esfuerzo de contención de costes” que realizó el sector retirando los tapones de estos recipientes, que costaban dos céntimos, se verá contrarrestado con un tributo que grava esos mismos envases con cinco céntimos.

García ha incidido en que el impuesto será “gravemente lesivo” tanto para las empresas, como para los consumidores de Baleares, “donde ya se compra más barato y en menor cantidad”.

El director general de Ecoembes, Antonio Barrón, -que este viernes también ha representado a Ecovidrio y ha recordado que ambas entidades invirtieron 490 millones de euros en gestión de residuos de envases en 2011- ha señalado que “el impuesto no busca la protección del medioambiente”.

Barrón ha matizado que los envases afectados por este impuesto ya contribuyen económicamente a través del Punto Verde para asegurar la correcta gestión de residuos, “que está dando excelentes resultados sin incrementar la presión fiscal”.

Por último, la representante de la Federación Española de Hostelería y Restauración, Pilar Carbonell, ha tildado la aplicación del nuevo impuesto de envases de “verdadero varapalo” y “golpe muy duro” para Baleares como destino, “que ya no es barato”, y que además se verá sometido al impuesto de coches de alquiler y de grandes superficies.

Carbonell ha enfatizado que el nuevo tributo afectará a 7.000 establecimientos y 13.000 puestos de trabajo, así como que el impacto sobre los costes de las empresas y la facturación puede acarrear el cierre de hasta 200 locales y la pérdida de más de 500 empleos en el sector de la restauración.

“El simple anuncio ha tenido un impacto muy negativo entre la prensa británica y alemana, que ya da por hecho que los precios subirán”, ha lamentado la presidenta de la Asociación Empresarial de Restauración de Mallorca, que le ha pedido al presidente del Govern, José Ramón Bauzá, que reflexione, “porque no se puede penalizar más el consumo”.

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