El Govern recauda 15 millones de euros al legalizar 3.000 plazas hoteleras

El Parlament ha aprobado una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Popular, con los votos en contra del PSOE y la abstención del grupo Més, en la que se da apoyo al Govern en su decisión de priorizar los ingresos del consorcio de la bolsa de plazas, en inversiones para zonas en las que el sector privado haya realizado alguna inversión. Lourdes Bosch ha destacado que es básico incentivar el desarrollo de los modelos innovadores, creativos, modernos, competitivos y sostenibles de manera que hagan atractiva la industria del sector turístico y además ha añadido que “es muy necesaria la reconversión de un modelo que se está quedando obsoleto y que a su vez ayude a dinamizar la economía de las Illes Balears”.

Según la popular, se trata de una contraprestación a los empresarios que revierten en la comunidad, manteniendo puestos de trabajo y creando fuentes de riqueza. “En estos momentos de dificultad económica no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando inversiones del Gobierno Central, es por eso que la iniciativa privada necesita el apoyo de la Administración”. Para Bosch, esta iniciativa es una forma de incentivar la renovación turística sin tener que recurrir a los subvenciones. “Así – ha explicado Bosch – la iniciativa privada junto con la pública es el camino más efectivo para conseguir el embellecimiento de las zonas que lo requieren”. Sin embargo, la popular ha incidido en que el Govern velará para que la distribución territorial de estas inversiones sea equilibrada y justa.

17 millones de euros “tirados”
La popular ha explicado que la conselleria de Turismo aprobó hace 16 meses las nuevas condiciones de pago para las empresas que quisieran legalizar las plazas turísticas. Prueba de ello, ha añadido la popular, es “que el PP se adapta, teniendo en cuenta las difíciles circunstancias económicas existentes”. En este sentido, Bosch ha recordado que la oposición en la pasada legislatura sólo vendió cortinas de humo y “tiró ni más ni menos que 17 millones de euros a la basura con el Proyecto de la Playa de Palma, que tras mucho diseño, muchas ruedas de prensa y muchas expectativas, ha quedado en nada”.

“Hasta el momento el PP ha legalizado 2.959 plazas, lo que supone unos ingresos de 14.791.477,63€, que se destinaran íntegramente a la mejora de nuestra competitividad turística, a diferencia de la época del Pacte, que apenas se legalizaron 813 plazas correspondientes a 3 millones de euros”.

La popular ha manifestado que gracias a esta iniciativa se ha reducido la oferta ilegal y se puede ofertar más calidad y a su vez ser más competitivos. Bosch ha aseverado que este dinero se dedicará exclusivamente a rehabilitar zonas turísticas, a incentivar la reconversión de establecimientos de alojamientos turísticos obsoletos en proyectos sociales, a fomentar la diversificación y la desestacionalización y a mejorar la calidad de las infraestructuras.

Bosch ha resaltado algunas de las importantes reformas en establecimientos turísticos situadas en zonas maduras como Magaluf y Cala Mayor por parte de empresas privadas, que en el caso de Magaluf supuso una inversión de 135 millones de euros, y el caso de Cala Major cerca de cinco millones. “Frente esta valiente apuesta de los empresarios en zonas turísticamente degradadas, es lógico que el dinero sea invertido preferentemente en aquellas zonas donde se haya invertido capital privado en forma de inversión, para su modernización y rehabilitación”.

13 nuevos proyectos de mejora
Finalmente, Bosch ha manifestado que el GPP no puede aceptar la enmienda propuesta por el PSOE – a la que también ha dado su apoyo Més – por “llegar tarde una vez más con sus propuestas”. Bosch ha criticado a la oposición de que sus respectivos portavoces de turismo no les hayan informado de que la semana pasada se reuniera la Junta Rectora del Consorcio en la que se aprobaron 13 nuevos proyectos de mejora en zonas turísticas, con el objetivo de incrementar la calidad de la oferta y fomentar su diversificación y desestacionalización. “Esta aprobación supone una inversión pública por valor de 8.447.000 euros que servirán para reactivar el sector de la construcción y sobre todo para a mejorar nuestra oferta turística”, ha sentenciado la popular.

Estatuto del Docente
Por otro lado, el Parlament también ha aprobado una Proposición No de Ley propuesta por el GPP, relativa al Estatuto del Docente, en la que se insta al Gobierno Central a continuar con la elaboración de un estatuto del profesorado docente no universitario, que regule el acceso a la función pública, la carrera docente, la provisión de puestos de trabajo así como el reconocimiento de la condición de autoridad pública del docente durante el ejercicio de sus funciones. Esta iniciativa ha sido rechazada por el PSOE y por el grupo Més. Aina Aguiló ha sido la diputada popular que ha defendido la postura del GPP, y ha manifestado que la predisposición de los profesionales, su formación y su reconocimiento y prestigio debe ser “una prioridad”.

Así, Aguiló ha afirmado que el cuerpo de docente es un factor decisivo para mejorar el rendimiento educativo, es necesario actuar “por y para el docente porque las otras medidas no conseguirán hacerse efectivas si no se implica al profesorado”. Asimismo, Aguiló ha asegurado que el Estatuto del Docente debe ser el marco que dote al profesorado de reconocimiento social y profesional diseñando una carrera profesional con un perfecto sistema de grados y un nuevo modelo de acceso a la función pública, de acuerdo a los principios de mérito y capacidad.

“Para el GPP el profesor no es uno más en el aula, porque educar, implica establecer una relación enriquecedora y compleja, que se da entre personas iguales que están situadas en distintos niveles de responsabilidad”, ha manifestado la popular. No obstante, Aguiló ha destacado que la autoridad del profesor ha estado muy debatida durante las últimas décadas, asociando autoridad y disciplina a algo negativo. “Es necesario adecuarnos a los momentos actuales que vivimos y empujar el péndulo a la mitad para que autoridad no sea autoritarismo y que en los centros educativos se pueda dar clase con un clima bueno tanto para el profesorado como para el alumnado”, ha manifestado Aguiló.

Para Aguiló, el modelo de función pública docente debe diseñarse para ser compatible con la articulación de las distintas políticas, propias de las diferentes administraciones, al mismo tiempo que constituyan un marco básico para los docentes de todo el Estado, respetando la singularidad en el ámbito de las comunidades autónomas.

“Es por ello – ha continuado la popular, que el GPP cree en la necesidad de un Estatuto del docente, porque se debe desarrollar un sistema de acceso a la función pública que permita que sean los mejores quienes enseñen a nuestros hijos”.

Para finalizar, Aguiló ha destacado otros puntos que debe contemplar el estatuto, como la legislación sobre la jubilación de los docentes, la carrera profesional que permita un sistema de promoción vertical y horizontal, así como que el profesorado tenga la consideración y la dignificación social que se merece.

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1 Comentario

  1. Donde se puede acceder públicamente a la contabilidad del consorcio bolsa de los alojamientos turísticos. Eso parece que se constituirá en un futuro en un chollo para cobrar dietas para todos los presentes. Y no podían faltar de ahí los sindicatos de hostelería que se apuntan a un bombardeo con tal de cobrar. Menudos ineptos. Que se publique la contabilidad pública para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a ella….

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