Fraccionamiento de contratos y falta de justificación en las concesiones de Radio Calvià

La juez instructora de las supuestas irregularidades en la concesión de contratos para la gestión de la radio municipal de Calvià, Carmen González, apunta al fraccionamiento de los mismos para que fueran adjudicados de forma directa así como a su falta de justificación, motivo por el que ha incoado diligencias contra el conseller de Turismo del Govern y exalcalde del municipio mallorquín, Carlos Delgado, entre otros querellados.

Mediante un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma alude a la existencia de “sospechas racionales” de que en la preparación y desarrollo de los contratos “se habría utilizado torcidamente el Derecho con un fin ilícito”, aseverando que los hechos revisten características “que permiten suponer” la comisión de delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.

Todo ello en virtud de la querella interpuesta por el Grupo Municipal Socialista de Calvià, representado por el abogado Pablo Alonso de Caso, que también va dirigida contra el actual primer edil del Consistorio ‘calvianer’, Manuel Onieva; la exresponsable de comunicación en el Ayuntamiento y actual jefa de prensa de Delgado, María José Merino; la periodista Antonia Pastrana y el último adjudicatario del servicio de la emisora local, Fernando López.

Según la resolución judicial, “resulta así que se habrían finalizado concursos abiertos antes de plazo, no se habrían justificado las necesidades de contratación ni los precios fijados”, destacando “especialmente” que se habrían fraccionado contratos “no por razones de error, mera comodidad o en aras a un intento de ofrecer mejor servicio, sino de forma tal que se prescindiría total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.

Supuestas irregularidades cuyo objetivo era “conseguir que la adjudicación a concretas personas predeterminadas” mientras que, además, en el marco de los procedimientos ya fraccionados “se habrían vulnerado también los criterios exigidos por la Ley con la misma espuria finalidad”.

La magistrada asevera en este contexto que de la querella y documental presentada se desprenden unos hechos que “preliminarmente pudieran ser delictivos, especialmente por haberse vulnerado las normas del procedimiento administrativo para adjudicar la contratación a determinadas personas”.

UNA SENTENCIA YA DECLARÓ NULA UNA ADJUDICACIÓN DE LA RADIO

Se da la circunstancia de que una sentencia dictada el pasado mes de octubre por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma ya declaró nulo el decreto de Alcaldía por el que, el 26 de agosto de 2009, se adjudicaba a Pastrana el ‘servicio para llevar a cabo la realización de los trabajos de producción y realización de la programación de Radio Calvià y la explotación de la publicidad en la emisora’, por haberse tramitado “al margen de la legalidad”.

En concreto, el servicio fue adjudicado por un total de 80.000 euros (68.965 más 11.034 de IVA) y, según el PSIB -también recurrente en aquel procedimiento- el expediente se realizó sin publicidad y por tramitación ordinaria, fundamentándose en un informe elaborado por María José Merino, “siendo la propia Administración la que ha querido que concurra sólo doña Antonia Pastrana, sin acreditar en modo alguno que sea el/la único/a empresario/a que pueda realizar la prestación”.

PRECIO FIJADO SIN TENER EN CUENTA LOS DEL MERCADO

Es más, los socialistas apuntaban en su recurso que la cantidad económica fue fijada “sin razonar en modo alguno qué precios de mercado se han considerado y comparado” para así estipularlo, estableciendo “de manera totalmente incongruente (…) un llamado informe sobre adecuación del precio del contrato, que afirma que el precio se ha fijado teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la continuidad de las emisiones de Radio Calvià en óptimas condiciones”.

Un argumento que el recurrente consideraba que “no es en absoluto aceptable ni compatible con el precio de mercado”. Alegaciones que el Juzgado recogió en su sentencia para acordar la nulidad del contrato impugnado.

Cabe recordar que el mismo letrado encargado de llevar a los tribunales estas supuestas irregularidades, Alonso de Caso, estuvo personado, en representación del secretario de UGT en Baleares, Lorenzo Bravo, en la causa derivada de la demanda que interpuso contra él el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, por los improperios que aquél le profirió a raíz de unos polémicos acuerdos adoptados por el Ejecutivo balear. El Juzgado desestimó la demanda y dio la razón al líder sindical.

“Debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión del señor Bravo sobre el derecho al honor del señor Bauzá”, alegaba la sentencia al aseverar que las expresiones dirigidas por Bravo se produjeron en el marco de “una contienda político-sindical”, lo que reduce su significación ofensiva, ya que fueron lanzadas “como crítica a la reducción de subvenciones y del número de liberados sindicales acordada por el Govern”.

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