Delgado adjudicó la radio de Calvià a un proyecto con microondas y nevera pero sin micros

La exadjudicataria de la gestión de Ràdio Calvià Antònia Pastrana, cuyo nombre figura en la querella interpuesta por un presunto fraude de 1,4 millones de euros en la concesión de los contratos para la explotación de la emisora municipal, concurrió a uno de los expedientes de contratación con un informe técnico en el que ofrecía como activos para gestionar la radio, entre otros, una cafetera ‘Nespresso’, una máquina de agua de ‘Sant Hilari’ y un microondas, pero no tenía micrófonos.

Así consta en un documento, al que ha tenido acceso Europa Press, que forma parte de uno de los expedientes investigados en esta nueva causa de presunta corrupción, y que fue tramitado como un negociado sin publicidad por un total de 80.000 euros para cuatro meses. De hecho, esta contratación fue posteriormente declarada nula por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma por haberse tramitado “al margen de la legalidad” y de forma “arbitraria” en favor de Pastrana, según señalaba la sentencia.

En concreto, el objeto del expediente era la ‘elaboración de los trabajos de producción y realización de la programación de la emisora municipal y la explotación de la publicidad en la radio’. Al presentarse a la convocatoria, Pastrana presentó un informe en el que ofrecía una relación de materiales como un frigorífico, una cámara digital, un teléfono móvil, un reproductor de ‘cassettes’, dos televisores y un DVD.

Según la querella, interpuesta por el Grupo Municipal Socialista, tanto el entonces alcalde, Carlos Delgado, como la exresponsable de Comunicación María José Merino, tramitaron múltiples expedientes de contratación por los que adjudicaron “siempre de forma continuada los contratos a la señora Antonia Pastrana”, desde 2005 y 2011, fechas en las que, según el denunciante, Pastrana cobró “una media de 20.000 euros mensuales de la Hacienda local”.

La querella asevera además que Pastrana se beneficiaba también “de las ganancias e ingresos obtenidos por la explotación de la publicidad, sin dar cuenta de ello al Ayuntamiento, incumpliendo las cláusulas contractuales”. De hecho, incide en que el Ayuntamiento, y más en concreto Merino, “encargada de velar por el cumplimiento y ejecución del contrato, nunca requirieron a la señora Pastrana a los efectos de que diera cuenta de los ingresos por explotación de la publicidad de la radio”.

Tal y como asevera el querellante, cada expediente de contratación “está lleno de irregularidades al no ajustarse a las normas más elementales del procedimiento administrativo y encontrándose dichos expedientes parapetados en numerosas resoluciones dictadas de forma arbitraria con la finalidad de perseguir fines defraudatorios”.

Más en concreto, el servicio para el que Pastrana presentó el anterior informe técnico fue adjudicado por un total de 80.000 euros (68.965 más 11.034 de IVA) y, según el PSIB -también recurrente en aquel procedimiento- el expediente se realizó sin publicidad y por tramitación ordinaria, fundamentándose en un informe elaborado por Merino, “siendo la propia Administración la que ha querido que concurra sólo doña Antonia Pastrana, sin acreditar en modo alguno que sea el/la único/a empresario/a que pueda realizar la prestación”.

PRECIO FIJADO SIN TENER EN CUENTA LOS DEL MERCADO

Es más, los socialistas apuntaban en su recurso que la cantidad económica fue fijada “sin razonar en modo alguno qué precios de mercado se han considerado y comparado” para así estipularlo, estableciendo “de manera totalmente incongruente (…) un llamado informe sobre adecuación del precio del contrato, que afirma que el precio se ha fijado teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la continuidad de las emisiones de Radio Calvià en óptimas condiciones”.

Un argumento que el recurrente consideraba que “no es en absoluto aceptable ni compatible con el precio de mercado”. Alegaciones que el Juzgado recogió en su sentencia para acordar la nulidad del contrato impugnado.

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