UGT Baleares ha presentado un escrito de demanda contencioso-administrativa contra el Govern balear por el despido de 600 trabajadores de empresas públicas de la comunidad autónoma realizados durante la presente legislatura y que el sindicato considera que son "nulos" o "improcedentes".
La demanda, que fue presentada el pasado 13 de marzo, se produce después de que el Ejecutivo balear haya incumplido el requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) que le obligaba a hacer entrega de información acerca de los despido de los empleados públicos y que, según afirma UGT, fueron llevados a cabo "sin ningún tipo de negociación".
Así lo han dado a conocer esta mañana en una rueda de prensa en la que han participado el secretario general de la federación de servicio públicos de UGT, Aurelio Martínez, el responsable de autonómico de FSP-UTG, Jordi Crehuet, el responsable de empresas públicas de FSP-UGT, Jordi Rivas y el secretario de acción sindical de FSP-UGT, Miguel Ángel Romero.
Con todo, UGT considera que todos los despidos realizados son "nulos o improcedentes", tal y como ha quedado constatado "en las resolución de las demandas individuales" celebradas hasta el momento. En total, UGT ha formalizado 25 demandas por despido en Baleares, de las que cinco de ellas han sido resultadas.
Según ha explicado Martínez esta situación surge del proceso que se inició en 2011 cuando comenzó la reestructuración del Sector Público Instrumental sin contar con la opinión de los sindicatos, de modo, que ha remarcado, el Govern llevó a cabo los despidos "sin ningún tipo de negociación" con los organismos que representan a los trabajadores.
Así, los representantes sindicales han criticado el anuncio realizado en sede parlamentaria por el conseller de Presidencia, Antonio Gómez, de recurrir la sentencia que anula el despido de trabajadores y que la llevará hasta el Tribunal Supremo, puesto que supondrá un "drama" para los 600 empleados públicos despedidos y un elevado gasto para las arcas de la CAIB derivado de estos pleitos, ha advertido Rivas.
Por su parte, el secretario de acción sindical de la FSP ha apuntado que como el Govern ha obviado la negociación colectiva se puede pensar que todo este proceso tiene la finalidad de hacer "filtros políticos" en los entes públicos, al despedir a la gente sin ningún tipo de argumento objetivo para ello, ha matizado.
"En vez de hacerlo de manera ordenada y con la colaboración de los representantes de los trabajadores, se está haciendo a las bravas y a través de decretos", ha ahondado Crehuet, quien ha advertido que, si al final la Justicia les da la razón, alguien tendrá que pagar las consecuencias políticas del daño ocasionado y el gasto añadido que representará para las cuentas públicas "no haber hecho bien las cosas desde el principio".
Por último, Martínez ha detallado que en el escrito de demanda se solicita una serie de documentación relativa a cada uno de los despidos realizados por la administración, las cuantías de las indemnizaciones y los criterios que han fundamentado la decisión de prescindir de estos empleados públicos.
