El PP acusa al PSIB de engañar a los ciudadanos en materia de transporte sanitario

El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado durante la Comisión de Salud del Parlament, una iniciativa de los socialistas que insta a retirar el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y el derecho de los ciudadanos a la protección de la Salud, por imponer el copago en el transporte sanitario no urgente. Esta iniciativa también recoge que la especificidad de las islas así como el hecho de insularidad, se tenga en cuenta para el transporte sanitario no urgente. Es por ello, que la popular, Antonia Vallés, ha destacado que el partido socialista está engañando a los ciudadanos en materia de transporte sanitario porque “ellos mismos saben que se trata de un hecho de responsabilidad después de encontrarnos al país al borde de la quiebra”. En este sentido, Vallés ha explicado que ante la situación encontrada cuando el PP accedió al Gobierno, “no quedó otro remedio que cambiar de manera temporal lo necesario por lo urgente, para poder garantizar la permanencia del Estado de bienestar”.

El diputado del Grupo Socialista, Vicenç Thomàs, ha pedido que los ciudadanos de las Islas no tengan que pagar cuando necesiten un transporte sanitario no urgente. Por Thomàs, este nuevo copago introducido por el PP perjudica gravemente el derecho a la salud de los pacientes con la única justificación de reducir el déficit. El diputado socialista ha defendido la retirada de este copago durante el debate de una Proposición no de Ley en la comisión de Salud del Parlamento.

Desde el Grupo Socialista, Thomàs ha criticado duramente el copago en el transporte sanitario no urgente que el Gobierno Rajoy introdujo hace un año con el decreto-ley 16/2012, de medidas urgentes. Para el diputado socialista, con esta y otras medidas adoptadas por el PP “se está imponiendo un cambio de modelo sanitario para hacer que el derecho a la atención no sea un derecho de ciudadanía sino que un derecho de asegurado o beneficiario, con nuevos copagos, reducción de la cartera de servicios, pérdida de la calidad asistencial o la entrada de la gestión privada en la sanidad pública “. Thomàs ha reprochado que detrás de los argumentos de sostenibilidad, el PP esconde la voluntad clara de modificar el modelo sanitario.

Por su parte la diputada popular Antonia Vallés ha destacado la deuda de 16.000 millones de euros en el Ministerio de Sanidad a principios de año 2012, y que más del 73% de la deuda reconocida abonada dentro del Plan de Pago a Proveedores correspondía a facturas del ámbito sanitario”. “Ante este contexto de necesidad y de urgencia – ha añadido Vallés – el Real Decreto 16/2012 adopta el copago sanitario no urgente”. No obstante, el texto establece un precio único por trayecto de 50 euros, “esta medida se toma para evitar penalizar a pacientes de zonas alejadas de centros sanitarios o rurales”, ha apuntado Vallés, así como norma general, “tendrán aportación reducida, por lo que el usuario aportará el 10% (5 euros)”. Además, “en el Real Decreto se establecen límites mensuales de 60 euros para las rentas superiores a los 100.000 euros anuales, 20 euros para quienes ganan de 18.000 a 20.000 (activos y pensionistas) y 10 euros para el resto”. “Estos límites serán semestrales en el caso de tratamientos periódicos superiores a seis meses, con lo que se protege a los enfermos crónicos, que pagarán 1,6 o 3,3 euros al mes para la mayor parte de la población”.

La popular ha resaltado que estarán exentos los mismos grupos que en farmacia que son síndrome tóxico, rentas de inserción, parados de larga duración así como personas que requieran un tratamiento derivado de un accidente laboral o personas que por su estado de salud requieran llevar acompañante en sus trayectos.

Vallés también ha querido hacer hincapié en el transporte urgente y ha manifestado que “queda blindado y no se tendrá que hacer ninguna aportación por parte del usuario”. “En cambio, en el transporte sanitario no urgente – ha continuado la popular – se establece un sistema para unificar la aportación de los usuarios a nivel estatal para que todos aporten lo mismo independientemente de la comunidad autónoma donde resida”.

Además la popular ha establecido una comparativa con otras prestaciones como el copago de los medicamentos, y ha destacado que el pago también se efectúa en función a unos criterios como son la percepción de la renta, la edad, situación de desempleo etc. “Todos los pagos están limitados según la situación de cada paciente, y en la mayoría de casos no superan los 8 euros mensuales”. Así, Vallés ha resaltado que “a nadie le gusta tener que tomar este tipo de medidas, lo hacemos como un ejercicio de responsabilidad para poder seguir garantizando un sistema sanitario público”.

Vicenç Thomàs ha recordado que para este año 2013, el presupuesto de la Consejería de Salud en transporte sanitario no urgente ha sufrido una reducción de 5,6 millones de euros, “un dinero que ahora tendrán que pagar los ciudadanos que quieran utilizar este transporte”. El parlamentario socialista dijo que la medida no quiere racionalizar el uso de este servicio sino limitarlo y hacer que cuando sea necesario, su coste corra a cargo del paciente.

Finalmente la popular ha manifestado que “no hay copago mayor que tener que afrontar la liquidación de más de 16.000 millones de euros en el Gobierno y más de 800 en nuestra comunidad autónoma”. “Si hay alguna decisión que perjudica a la salud de los ciudadanos es el no pagar”, ha concluido.

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