Antich propone modificar el método de cálculo de la tasa de criminalidad que perjudica a Baleares

El senador socialista Francesc Antich defenderá el martes una moción en la Comisión de Interior del Senado para pedir cambios en la metodología de cálculo de las tasas de criminalidad del Ministerio del Interior, para adaptarlas a la realidad que viven comunidades turísticas como Baleares, con una población flotante y visitante muy alta pero que no se tiene en cuenta en esta estadística.

La fórmula actual sólo contabiliza la población empadronada, no la población flotante – trabajadores, visitantes y turistas. Esta diferencia, que en algunas comunidades autónomas puede ser mínima, en Baleares es muy importante.

Según datos del INE, en Baleares vivían 1.113.114 habitantes el 1 de enero 2011. A lo largo del año, el Observatorio de Turismo de las Islas Baleares, registró un total de 12.319.334 turistas (9.974.430 extranjeros y 2.344.904 nacionales). El 65% de estas visitas se concentran en los 4 meses de temporada alta. De hecho, “muchas poblaciones de Mallorca, Ibiza y Formentera duplican e incluso triplican su población durante los meses de verano”, argumenta Antich.

Esta enorme población no registrada puede explicar, en buena parte, porque Baleares se encuentra, sólo por debajo de Ceuta, al frente de los indices de criminalidad de toda España, con 66,9 infracciones penales por cada mil habitantes, 18,5 puntos más que la media nacional de 48,45. Si se tuviera en cuenta la población real, las cifras serían diferentes, más fiables y creíbles, explica.

La fórmula de cálculo de este índice de criminalidad es “muy cuestionable y mejorable”, según Antich, que pide que se introduzcan “los coeficientes correctores necesarios” para que los datos reflejen realmente la incidencia de las infracciones penales sobre la población afectada.

El senador considera que tener unos datos que no reflejan la situación real de la seguridad en las islas hace mucho daño a la imagen de Baleares, ya que sobredimensiona la peligrosidad y transmite un mensaje de poca seguridad, cuestiones muy sensibles a la hora de valorar un destino turístico. Los datos incorrectos perjudican también a los ciudadanos de Baleares, que no tienen información real, las fuerzas de seguridad en sus estrategias de mejora y eficacia, y el gobierno, que dispone de información errónea para el diseño de sus políticas.

Esta modificación es una antigua reivindicación del sector turístico balear.

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