Acusan a Cardona de ordenar gastar sin presupuesto aprobado

Antònia Ordinas, exgerente del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) a través del cual presuntamente se desviaron unos siete millones de euros durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007), ha manifestado cómo cada año de ese mandato el presupuesto del consorcio “lo sobrepasábamos al límite y contratábamos siempre sin presupuesto”.

“Era la orden de Cardona”, ha manifestado la exalto cargo en referencia al exconseller de Comercio, Industria y Energía y expresidente del CDEIB, recalcando así que “el sistema de financiación del CDEIB generaba muchos problemas” debido al desfase económico que generaba la ingente actividad desarrollada por el organismo.

“Sobrepasábamos al límite el presupuesto con muchísima diferencia”, ha incidido la acusada, quien declara desde las 10.15 horas en el juicio que desde este lunes se celebra en la Audiencia Provincial de Baleares por el denominado caso Scala.

Según ha apuntado a preguntas del fiscal Pedro Horrach, Cardona “en todo momento decía que la parte económica era su función y cometido” y emplazaba a Ordinas a “no preocuparme de nada al respecto”.

De hecho, ha subrayado que el exconseller “no sólo era consciente” de ello, sino que era “el único que proveía la diferencia que se precisaba entre la falta de presupuesto y la necesidad de gastos de los eventos que él mismo ordenaba”.

En este sentido, la Fiscalía apunta que las actuaciones ordenadas por Cardona requerían una cantidad de fondos económicos tales que el presupuesto anual del que disponía del CDEIB resultaba “notablemente insuficiente”, lo que provocó la inyección constante de fondos procedentes de la Conselleria de Comercio o de organismos dependientes en base a una decisión “puramente política”; que se acudiese a un préstamo bancario por importe de cuatro millones de euros, y la contratación de “numerosísimos” servicios sin la dotación financiera correspondiente.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público atribuye a Cardona así como al resto de principales acusados del caso Scala de provocar durante los cuatro años de mandato la “actividad frenética” del consorcio con el objetivo de desviar fondos públicos, todo ello mediante un “saqueo y robo sistemático de las arcas públicas” y aprovechando la falta “total y absoluta” de controles administrativos y financieros.

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