jueves. 28.03.2024

El sobrino político del expresidente del Govern Jaume Matas y empresario Felipe Ferré, ha confesado que los proveedores que trabajaban para el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) pagaban comisiones a los responsables de este organismo, pagos que "al principio" iban "directamente al PP" mientras que después se hacían tres partes para los exaltos cargos Josep Juan Cardona, Antònia Ordinas y Kurt Viaene.

Así lo ha puesto de manifiesto al inicio de su declaración como acusado, a preguntas del fiscal anticorrupción Juan Carrau, en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Baleares por el caso Scala, donde Ferré, quien ya durante la instrucción de la causa se prestó a colaborar con los investigadores, ha admitido que él también abonó comisiones.

"Al principio, una vez entregadas me decían que se iban directamente al PP; al principio se iba todo, y después los tres socios [en alusión a Cardona, Ordinas y Viaene] se repartían los pagos", ha incidido el inculpado, quien ha apuntado que los trabajos que de forma presuntamente irregular se adjudicaban "eran encargados siempre por las mismas personas".

El acusado ha señalado que en algunas ocasiones las comisiones las pagaba a Ordinas en su casa del municipio de Consell, donde "una vez" vio a Viaene, y en "una o dos" a Viaene en su despacho, en la Conselleria de Comercio. una vez viaene estaba en casa de ordinas.

El inculpado ha afirmado asimismo que Cardona, conseller de Comercio, Industria y Energía y presidente del CDEIB en el último mandato de Matas; Ordinas, exgerente de este organismo, y Viaene, exvicepresidente del mismo, eran socios ocultos en las empresas Comarca Global Consulting, Gourmet and Boutique Island e IAS Hong Kong, de las que era administrador Ferré y que percibieron numerosos contratos del CDEIB durante esa legislatura.

En este sentido, ha señalado que quienes "realmente dirigían" las empresas eran ellos, mientras que "yo ejecutaba las órdenes que recibía". Se trataba de unas sociedades que, según la Fiscalía, cuyos administradores fueron utilizados como testaferros para serles adjudicados contrataciones para la realización de servicios, como estudios y análisis sin utilidad pública alguna, todo ello con el objetivo de apropiarse de los fondos públicos recibidos.

De hecho, en su escrito de acusación, el Ministerio Público apunta a que "absolutamente todos los expedientes de contratación del CDEIB eran simulados". "Sólo se pretendía dar apariencia de legalidad a decisiones prevaricadoras", recalca la acusación.

Confiesan que las comisiones que recibía el CDEIB iban a parar al PP