El expresidente del Govern Jaume Matas, imputado en el caso Nóos, ha solicitado al juez instructor José Castro que indague en torno al convenio de colaboración suscrito en 2008 para que el artista mallorquín realizase una obra pictórica en la cúpula del Palacio de Naciones Unidas en Ginebra, cuyo coste ascendió a unos 20 millones de euros, a fin de compararlo con los foros sobre turismo y deporte por los que el Ejecutivo balear pagó 2,3 millones de euros al Instituto Nóos.
Mediante un extenso escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Matas, Antonio Alberca, pide en concreto que el magistrado requiera al Govern el convenio suscrito entre la Administración balear, Sa Nostra y la Fundación Onuart por el que fue encargado el proyecto al pintor mallorquín, y que el letrado considera "una prueba más de la utilización de la figura del convenio de colaboración por el Govern balear".
Todo ello sin que, asevera, "a nadie se le haya ocurrido censurar y mucho menos perseguir penalmente a sus firmantes porque se vulneraron los principios esenciales de la contratación pública para beneficiar a Miquel Barceló y eludir la convocatoria del correspondiente concurso público", al recalcar en este sentido que "no se trata del único artista pictórico del mundo capaz de decorar la Sala de Derechos Humanos del Palacio de las Naciones".
En su escrito, la defensa del exministro de Medio Ambiente propone asimismo la práctica de 35 testificales con el objetivo de acreditar la trascendencia académica, social, económica y política que se derivó de los dos Illes Balears Forum celebrados en 2005 y 2006, así como aclarar el sistema de fiscalización y control de la legalidad que ejerce la Comunidad Autónoma, y más en concreto determinen si se produjo algún tipo de ilegalidad en relación a estos convenios.
Así, el letrado reclama que se requiera mediante exhorto o comisión rogatoria documentación a diversas entidades nacionales e internacionales, algunas de ellas de Estados Unidos, México, Inglaterra, Australia y Bélgica, que participaron en los foros organizados por Nóos, con el objetivo de que manifiesten en qué consistió su intervención, si recibieron a cambio alguna contraprestación y especifiquen su relación con el Instituto Nóos.
En esta misma línea, Alberca considera "primordial", para determinar la existencia de posibles delitos en relación a su patrocinado, conocer si los órganos responsables de la fiscalización y el control de todos los expedientes administrativos de la Comunidad Autónoma "apreciaron ilegalidad alguna" en la tramitación y ejecución de los anteriores convenios con Nóos y, de ser así, si pusieron de manifiesto estas supuestas irregularidades.
Junto a su escrito, el abogado de Matas adjunta una moción aprobada en noviembre de 2010 por el pleno del Tribunal de Cuentas que proponía la configuración de un marco legal adecuado para el empleo del convenio de colaboración por parte de las Administraciones pública, así como un artículo de la jefa del Servicio de Control de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, en el que analiza la diferencia entre la figura del convenio, la subvención y el contrato.
FUNDACIONES EXCLUIDAS DE LAS NORMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
En el caso del Tribunal de Cuentas, una de sus conclusiones pasa por considerar excluidas de las normas de contratación pública a las sociedades mercantiles de participación mayoritaria o exclusivamente pública y las fundaciones cuya pertenencia al sector público "no les confiere la condición de Administración ni aún de entidades públicas", como se da en el caso, precisa el letrado, de la Fundació Illesport y del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), que intervinieron en los convenios con Nóos.
Cabe recordar que al primero de los eventos (el de 2005) el Govern destinó 1,2 millones de euros mientras que por el segundo abonó 1,1 millones. Se da la circunstancia de que el propio Torres aportó a la causa diversas facturas para justificar el destino que se dio a los fondos públicos si bien lo que en realidad revelaron fue la falta de justificación documental de dónde fueron a parar las cantidades así como el uso supuestamente fraudulento de numerosas facturas de servicios realizados.
Así, entre las múltiples facturas presentadas para justificar los eventos de Palma se encuentran otras tantas que se refieren en realidad al Valencia Summit o bien no guardan relación alguna con estos enclaves.
FACTURAS PRESENTADAS PARA JUSTIFICAR EL GASTO DE LOS FOROS
Es más, un informe policial incluido en el sumario revela cómo Nóos destinó, con cargo a los 2,3 millones que recibió del Govern, más de 88.700 euros a costear billetes de avión y estancias de hotel cuya ubicación y relación con los foros se desconoce, así como a sufragar numerosos billetes de transporte ferroviario a pesar de que éstos "no parecen propios de ningún tren que circule por Baleares".
El informe incluye además facturas anteriores y posteriores a la firma de los convenios para la celebración de los foros mientras que otras se refieren a billetes de avión cuyo origen y destino no se conoce, están relacionadas con el evento Valencia Summit o hacen referencia a estancias de hotel en Valencia y Londres.
Sobre estos eventos, la defensa de Urdangarin presentó un extenso dictamen jurídico con el que intentó avalar que los convenios rubricados por Nóos con el Govern no estaban sujetos a la contratación pública, de forma que no cabía supervisar o auditar el precio abonado por el Ejecutivo de Matas como contraprestación. Responden así, según el informe, a la legalidad vigente cuando se suscribieron.
