viernes. 29.03.2024

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares la retirada del pasaporte del exconseller de Comercio, Industria y Energía, Josep Juan Cardona, sí como su personación diaria en dependencias judiciales y que se le prohíba salir del territorio nacional, al considerar que sobre él pesan indicios suficientes de criminalidad que puedan conllevar un posible riesgo de fuga.

Así lo ha pedido el fiscal Pedro Horrach durante la vistilla que se ha celebrado durante quince minutos después de que el juicio por el caso Scala haya quedado esta tarde visto para sentencia. El Ministerio Público sostiene que en estos momentos sí existe la posibilidad de que Cardona eluda la acción de la justicia, dados los recursos económicos de los que dispone y debido a que la acusación reclama 21 años de cárcel para él.

El tribunal deberá decidir a partir de ahora si atiende a la petición de medidas cautelares formulada por la Fiscalía contra el exalto cargo del PP, para quien su defensa ha pedido durante la última sesión de la vista oral la libre absolución de su patrocinado.

Por su parte, el propio Cardona, a su salida de las dependencias de la Audiencia acompañado por su letrado, Miquel Arbona, ha puesto de manifiesto ante los medios, a raíz de la solicitud de la Fiscalía, que "si no me he ido hasta ahora, no me iré", respondiendo de este modo a las preguntas de los periodistas que le esperaban fuera del edificio judicial.

Mientras tanto, al término del juicio, cuando la magistrada presidenta del tribunal, Francisca Ramis, ha dado turno a los 17 acusados del caso Scala para hacer uso de la última palabra, el empresario Jaime Julio Fernández ha manifestado que en el marco de esta trama, que él ha calificado "más bien de drama", ha sido "una víctima y un chivo expiatorio", aseverando que su inocencia "es un axioma en estos momentos".

"La Fiscalía haría un gran favor para la justicia retirando mi acusación y pretendida condena que, por pequeña que sea, es injusta", ha proclamado el procesado y presunto testaferro de Cardona en una de las sociedades vinculadas a esta trama, incidiendo en que "rectificar es de sabios y, en este caso, también de justicia".

Aprovechando su intervención, el acusado ha dejado "en el aire" varias preguntas "por si alguien las puede contestar": "¿Cómo se restituye el honor y la dignidad, pisoteados gratuitamente?, ¿con qué moneda se paga el dolor infringido sin causa ni motivo?, ¿quién devuelve la sonrisa a mi hija, afectada gravemente por esto?", ha inquirido el empresario, negándose a hacer alusión "a determinados personajes y a agravios comparativos".

Tal y como ha subrayado, en el caso de su mujer, también acusada, ella "sólo hizo unos trabajos que le encargaron unas personas en las que confiaba y que no sabía que tenían un fin delictivo. Esto lo puedo asegurar y jurar. Le pagaron, faltaría más, pero si ahora tuviera esos billetes y los estrujara con mis puños, se llenarían de sangre y de dolor", ha añadido visiblemente afectado por los hechos.

EL EMPRESARIO JAIME FERNÁNDEZ AFIRMA "NO HABER COBRADO UN DURO"

El inculpado, el único junto a Cardona que no ha alcanzado un pacto con la Fiscalía para ver rebajada la petición de condena, aseguró durante su declaración en el juicio "no haber cobrado un duro" de la trama por la que supuestamente se desviaron los fondos del CDEIB, respondiendo así a las incisivas preguntas formuladas en un tenso interrogatorio por el representante del Ministerio Público.

El inculpado fue inquirido, en concreto, por su papel al frente de la sociedad Sayju, de la que era administrador formal y presunto 'hombre de paja' del exconseller, la exgerente del CDEIB Antònia Ordinas y el exdirector general de Promoción Industrial Kurt Viaene, cobrando de Ordinas, según la Fiscalía, unos mil euros al mes por figurar en la empresa. Unos hechos que el empresario negó de forma tajante en repetidas ocasiones.

La Fiscalía pide la retirada del pasaporte para Cardona