A falta de menos de un día para que arranque el juicio en torno a la adjudicación presuntamente irregular de los solares palmesanos de Can Domenge, y más de seis años después de que se iniciasen las investigaciones sobre estos hechos, el propietario de la mercantil Sacresa, Román Sanahúja, ha confesado mediante un escrito que pagó un soborno de cuatro millones de euros a cambio de resultar beneficiaria de la venta de los terrenos por parte del Consell de Mallorca.
Y ello, asevera, tras acceder a la exigencia del dinero por parte del entonces vicepresidente insular Miquel Nadal, quien, según su versión, habría conminado a la empresa catalana a abonar el cohecho a cambio de garantizar la adjudicación a su favor.
En su confesión escrita, que ha entregado esta mañana al tribunal que desde este miércoles prevé juzgar a un total de seis acusados por las supuestas irregularidades en torno al concurso de Can Domenge, entre quienes se encuentra la expresidenta del Parlament y del Consell Maria Antònia Munar, la defensa de Sanahúja asevera que Nadal contactó con la mercantil para garantizarle que no se cambiaría de criterio "si se pagaba la cantidad de cuatro millones de euros en efectivo", a pesar de que las ofertas para el proceso adjudicatario ya estaban presentadas e incluso cuando ya estaba tomada la decisión de que Sacresa había presentado la mejor postura.
ASEGURA DESCONOCER CÓMO SE REPARTIÓ EL DINERO
Así las cosas, relata el empresario, tras acceder a la petición de Nadal, el pago fue realizado en dos entregas de dos millones de euros en efectivo, la primera de ellas antes de conocerse el fallo final del concurso y la segunda unos meses después. Más en concreto, en dos lugares públicos de Mallorca y a un intermediario designado por Nadal, a pesar de que asegura desconocer el reparto final del dinero.
En su escrito, Sanahúja reconoce "el grave error cometido" al acceder a pagar esa cantidad, reiterando su arrepentimiento y "deseo de cooperar con la Administración de Justicia".
DEFIENDE QUE EL VALOR DE LA FINCA ERA DE 30 MILLONES
En cualquier caso, asevera que los 30 millones de euros que Sacresa abonó por los solares fueron "el único valor razonable", pese a que los investigadores sitúan en 60 millones la tasación de los terrenos, cantidad que, además, fue la que ofreció la querellante en este procedimiento judicial, Núñez y Navarro. "Las valoraciones que algunos dan de 60 millones de euros son absolutamente erróneas, como demostraremos en el juicio", recalca al respecto.
Precisamente, a mediados del pasado mes el exconseller insular de Territorio Bartomeu Vicens, quien cumple condena en la cárcel de Palma por otra causa de corrupción, presentó un escrito en el que admitía el cobro del soborno, si bien precisaba que el dinero fue repartido entre la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, Nadal, UM -desaparecida a raíz de los numerosos casos de corrupción que pesaban sobre sus espaldas- y él mismo.
Una confesión que dio lugar a la interposición de una denuncia por parte de la Fiscalía Anticorrupción y al registro de los domicilios de Munar y Nadal, en los que no se halló rastro alguno de los fondos ilícitos. Junto al escrito, Vicens entregó ante la Audiencia Provincial un total de 160.000 euros del cohecho investigado.
Mientras tanto, Munar ha renunciado a quien durante estos años ha ejercido su defensa, Gabriel Garcías, al aseverar que las nuevas revelaciones de Vicens, "cuyo contenido y alcance desconozco", después de seis años de instrucción del caso Can Domenge, "cambian radicalmente los hechos". Es más, justifica su decisión en el hecho de que la entrada y registro de su domicilio permitió a la Fiscalía acceder "a todos mis argumentos de defensa e incautarse de documentación relevante para ello".
PETICIÓN DE SEIS AÑOS DE CÁRCEL PARA LOS EXALTOS CARGOS DE UM
En el marco del juicio fijado para este miércoles, la Fiscalía solicita seis años de prisión para Munar así como para Nadal, Vicens y el también exconseller insular Miquel Àngel Flaquer, por presuntos delitos de fraude a la administración (por los que pide tres años de cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación, pese a que la acusación pública no les atribuye ningún delito de malversación de caudales públicos, ilícito que sí mantienen tanto Núñez y Navarro como el Consell, personados como acusación particular.
Los escritos de acusación también se dirigen contra Santiago Fiol, abogado asesor Sacresa considerado "correa de transmisión" entre la empresa y el Consell, y contra el principal accionista de Sacresa, Román Sanahuja, quien presuntamente dirigió la preparación del concurso.
