La Audiencia califica de “fraude procesal” el cambio de abogado de Munar

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha calificado como “fraude procesal” la actuación ejercida por la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, al cambiar de abogado tan sólo dos días antes del inicio del juicio por el caso Can Domenge, una renuncia que a su juicio “encubre una maniobra dirigida a dilatar o impedir” la realización de la vista oral.

Según un auto dictado este viernes para tener por asignado al nuevo letrado de Munar, José Antonio Choclán, el tribunal incide en que se trata de una actuación en fraude procesal “expresamente prohibida” por la Ley Orgánica del Poder Judicial, puesto que “no tenía otro objeto y finalidad que la de lograr la suspensión del juicio e impedir que éste se celebrase sin fecha de continuación”.

Y es que, tal y como recalca al respecto, como todo derecho fundamental el derecho a la defensa y la posibilidad que tiene el acusado de renunciar a su abogado “no es un derecho absoluto e ilimitado”.

Así las cosas, la Sala justifica en su resolución el hecho de que haya aplazado al 19 de junio la continuación de la vista, un plazo que considera “razonable” no sólo atendiendo al volumen de las actuaciones sino también porque “la posición defensiva” de la acusada “no tiene la misma complejidad ni dificultad técnica que la que cabe predicar de otros imputados”.

Tal y como señala el tribunal, el señalamiento del juicio, que estaba fijado para el pasado miércoles, se produjo en septiembre de 2012 y por tanto Munar ha tenido “tiempo más que suficiente para proceder al cambio de abogado”. En esta línea, subraya que la “pérdida de confianza” a su anterior defensa que ha alegado la acusada “no está justificada”, por cuanto su anterior abogado llevó su defensa hasta dos días antes del juicio.

La exdirigente de UM afirmó haber perdido la confianza en el abogado que le ha representado durante estos últimos años, Gabriel Garcías, a raíz de los registros practicados en sus viviendas después de que el exconseller insular y también acusado Bartomeu Vicens revelase que tanto ambos como el exvicepresidente del Consell y la propia UM percibieron un soborno de cuatro millones de euros a cambio de la adjudicación de Can Domenge a la mercantil Sacresa.

“Tras los registros, la Fiscalía sabe ahora exactamente todo lo que pienso y opino sobre este tema. Se llevaron una libreta donde durante los seis años de instrucción he tomado notas y en la que por cada acusación de la Fiscalía, al lado tenia anotada cuál sería mi respuesta”, defendió Munar.

No obstante, frente a estos argumentos el tribunal considera “muy llamativo” y “revelador de la mala fe procesal de la señora Munar” que el cambio de abogado se produjera después de que la Sala decidiera no suspender la vista oral días antes de la fecha en que estaba fijada, y que no procediese “de inmediato” -tras los registros- a la sustitución de letrado.

“ESTA SALA NO PRETENDE PROVOCAR INDEFENSIÓN EN LA SEÑORA MUNAR”

“Esta Sala no pretende provocar indefensión en la señora Munar, sino asegurar la celebración del juicio, sin que haya sido caprichosa nuestra posición respecto al mantenimiento del señalamiento y del calendario establecido”, precisa el tribunal, explicando además que la Sección Segunda se halla “saturada por el volumen pendiente de asuntos, con un dietario de señalamientos cargado hasta el primer trimestre del año que viene”.

Así pues, alega que la suspensión del juicio por largo tiempo supondría “un enorme perjuicio”. Una circunstancia que se le hizo saber a la acusada el pasado miércoles, ante lo cual afirmó: “Le juro que no era mi intención causar ningún perjuicio tras seis años de instrucción del caso y de sufrimiento”.

Mientras tanto, el tribunal le impuso este jueves como medida cautelar personarse ‘apud acta’ todos los lunes y viernes ante el Juzgado de paz del municipio en el que reside, Costitx. En el marco del caso Can Domenge la Fiscalía solicita seis años de prisión para la exlíder de UM, al igual que para Bartomeu Vicens, el exvicepresidente del Consell Miquel Nadal y el exconseller insular de Economía y Hacienda Miquel Àngel Flaquer.

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