El TSJB da cinco días al Govern para acreditar la negociación del decreto de movilidad de funcionarios

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) por vulneración del derecho a la negociación colectiva durante el trámite previo a la aprobación del decreto ley de movilidad de funcionarios y ha dado un plazo de cinco días a la Consellería de Administraciones Públicas para acreditar que ha existido esta negociación.

El secretario de Autonómica de la FSP-UGT, Jordi Crehuet, ha explicado en rueda de prensa que se ha interpuesto este recurso debido a que el decreto ley de de movilidad temporal y forzosa de los trabajadores públicos de servicios generales ha sido la “gota que ha colmado el vaso” del “ninguneo a la negociación colectiva” llevada a cabo por el Govern que en dos años de legislatura “no ha sido capaz de llegar a ningún acuerdo”.

Crehuet ha subrayado que el decreto ley no responde a una necesidad urgente ya que la movilidad de los funcionarios que prevé se contempla en la ley de Función Pública y ha llevado a modificar las bases del concurso de traslados de interinos aprobadas el 19 de abril.

“La Consellería de Administraciones Públicas no puede modificar substancialmente las condiciones de trabajo de los empleados públicos eludiendo la presencia de los representantes sindicales en la función negociadora”, ha criticado Crehuet.

En este sentido, el secretario general de la FSP-UGT, Aurelio Martínez, ha insistido en que el decreto de movilidad funcionarial “ni es urgente ni necesario” para ordenar los traslados y la adquisición de méritos del personal interino.

Martínez ha pedido el cese como portavoz del Govern de la consellera de Administraciones Públicas, Nuria Riera, por haber mentido a los ciudadanos al afirmar que el decreto había sido negociado con las fuerzas sindicales, al tiempo que ha afirmado que la FSP-UGT reclamará su dimisión del cargo de consellera si el TSJB resuelve que se ha vulnerado el derecho a la negociación colectiva.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de la FSP-UGT, Miguel Ángel Romero, ha advertido de que si el TSJB da la razón al sindicato, se pedirán “responsabilidades penales, patrimoniales y personales”.

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