El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) determina en una sentencia cómo el centro para discapacitados físicos Joan Crespí de Palma fue inaugurado "a toda prisa" en marzo de 2007 -dos meses antes de las elecciones autonómicas y municipales de ese año-, con la Reina Doña Sofía presente en el evento, lo que supuso, dado que las obras aún no estaban terminadas, la realización de trabajos provisionales que posteriormente acabaron siendo demolidos. Es más, la residencia permaneció cerrada durante los dos años siguientes.
En una resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo deja sin embargo en el aire la petición de 2,2 millones de euros que la adjudicataria de las obras, Ortíz Construcciones y Proyectos, reclama al Govern por el final de obra, una solicitud que ha desestimado el tribunal, si bien dejando las puertas abiertas a que la constructora utilice los mecanismos adecuados de los que, "a pesar del tiempo transcurrido", dispone para cursar la reclamación.
En sus fundamentos de derecho, la sentencia de la máxima instancia judicial de las islas recuerda la "relevancia pública" que se le dio a la inauguración del centro, con la asistencia de la Reina y autoridades públicas como el entonces presidente del Govern Jaume Matas -quien dos meses después concurriría a la reelección- y quien fuera máxima responsable del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar.
Todo ello a pesar de que la ejecución de la instalación sociosanitaria aún no había finalizado, lo que llevó a realizar para la inauguración una serie de trabajos provisionales que posteriormente fueron desmontados y demolidos a fin de poder continuar, durante dos años más, las obras en la forma previamente estipulada.
A través de la demanda, la constructora reclama la correspondiente a la medición y liquidación de las obras, además de los intereses de demora y la indemnización por la gestión del cobro. Una circunstancia que, no obstante, cuestiona la representación procesal del Govern al aseverar que la empresa no recurrió en su día, al término de los trabajos de construcción, la liquidación final ni la solicitó formalmente.
Y es que, tal y como apunta la Sala, el acta de recepción de las obras, firmada el 18 de diciembre de 2007 con los correspondientes modificados llevados a cabo, fue rubricada, entre otros, por el representante del órgano de contratación, los arquitectos directores de obra y el representante de la Intervención general del Govern, sin que quedara constancia de ningún tipo de alegación ni advertencia por parte del representante del contratista.
La resolución precisa los trabajos se iniciaron en marzo de 2005 con un presupuesto de ejecución que ascendía a 5,7 millones de euros. Posteriormente, hubo dos proyectos modificados mientras que también se tramitaron 33 certificaciones por un importe total de 8,9 millones. La petición de la constructora constituye la diferencia entre la última de las certificaciones y la medición y valoración del conjunto de obras, trabajos y partidas.
UN ACTO DE INAUGURACIÓN QUE COSTÓ 300.000 EUROS
Sobre el funcionamiento de la residencia, la consellera de Asuntos Sociales en la pasada legislatura, Fina Santiago, recordó en un pleno del Parlament celebrado en septiembre de 2007 que al acto de inauguración que había tenido lugar meses antes se destinó la cantidad de 300.000 euros, pese a que, recriminó, únicamente sirvió para construir los escenarios por los que debía pasar la comitiva oficial, situados en la planta baja y en el primer y último piso.
La exalto cargo incidió en que el Govern de Matas hizo esta importante inversión "sólo para que Doña Sofía pudiera ver cómo teóricamente estaba en funcionamiento este centro", lo que, según denunció, provocó que las obras de la residencia se retrasasen tres meses. De este modo, apuntó que los trabajos "se tuvieron que concentrar en las citadas plantas, para, posteriormente, desmontar los escenarios, con el fin de continuar con la construcción tal como tocaba".
