viernes. 29.03.2024

El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, asumirá personalmente, mediante la contratación de un abogado privado, el coste de su defensa en la causa abierta contra él a raíz de la querella interpuesta por UGT por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, por haber utilizado los servicios de la abogacía de la Comunidad Autónoma para defender su derecho al honor en el marco de otro procedimiento judicial.

En concreto, el jefe del Ejecutivo balear ha recurrido a los servicios del letrado Pablo Jiménez de Parga, socio del conocido despacho Jiménez de Parga Abogados. El nuevo abogado de Bauzá está especializado en áreas de mercantil, penal, procesal y arbitraje, y es hijo de quien fuese presidente del Tribunal Constitucional Manuel Jiménez de Parga.

Bauzá figura como querellado por haber empleado los servicios de la Abogacía de la Comunidad Autónoma en la demanda que presentó contra el exlíder del sindicato Lorenzo Bravo a raíz de diversos improperios que éste profirió contra él, y que ha sido archivada tanto en primera instancia como por la Audiencia Provincial de Baleares. Asimismo, la querella también se dirige contra el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Antonio Gómez, por haber resuelto que la Abogacía balear se encargara de la defensa.

La querella fue admitida a trámite el pasado viernes, después de que la Fiscalía se pronunciase en contra, mediante una resolución en la que el magistrado abundaba en numerosa jurisprudencia para afirmar que Bauzá utilizó "indebidamente" los servicios jurídicos de la Comunidad, con los que "quiso ejercer una acción personalísima a favor de su honor".

En este sentido, el juez incide en el hecho de que el honor "es un derecho de carácter personalísimo", mientras que la acción civil que inició Bauzá contra Bravo "no era para restaurar el honor de la Presidencia del Govern", puesto que lo que ésta posee es "prestigio y autoridad moral, pero el honor es cuestión personal de su integrante, que además en este caso no fue vulnerado".

De hecho, el instructor recoge en su auto los argumentos esgrimidos por los querellantes, asistidos por el letrado Pablo Alonso de Caso, en el sentido de que "el honor que alega el señor Bauzá tiene carácter personalísimo y está desligado de la acción de gobierno", razón por la cual "no puede utilizar los servicios públicos para defender su honor, debiendo acudir a la contratación privada" para sufragar de sus ingresos los gastos de procurador y defensa así como de tasas judiciales.

Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Baleares falló el pasado mes de junio a favor de Bravo frente a la demanda que presentó el jefe del Ejecutivo autonómico por unos insultos que profirió el líder de UGT como consecuencia de los acuerdos adoptados en septiembre de 2011 en referencia a la reducción de liberados sindicales y al recorte de subvenciones a los sindicatos. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo por Bauzá.

LA JURISPRUDENCIA PRIMA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN AL DERECHO AL HONOR

Y es que la Audiencia destacaba, al hilo de la sentencia dictada en primera instancia, cómo la jurisprudencia da una mayor tutela a la libertad de expresión que al derecho al honor en el marco de una contienda política, como sucedió en este caso, amparándose para ello en numerosas sentencias del Tribunal Supremo que, en este sentido, apelan a la necesidad de valorar el contexto en que se producen los improperios, "estando los políticos sometidos a la crítica social en mayor grado que cualquier particular".

Así, en el caso de Lorenzo Bravo, recalca la Audiencia que sus manifestaciones -como "fascista", "el engominado este" o "lo que propone el Govern es tan dictatorial como si, por la cara, yo decidiera sin consenso que en el Parlament sobran 30 escaños o en el Congreso 300"- se produjeron como reacción a unas decisiones del Govern presidido por Bauzá que "evidentemente resultaban cuando menos molestas para quien representaba al sindicato que veía mermada una fuente de sus ingresos y que algunos de sus delegados que antes no lo hacían, tenían que volver a sus puestos de trabajo".

Bauzá contrata a Jiménez de Parga para defenderse de la querella de UGT